Unos pocos datos proveen evidencia del gran cambio experimentado por el sector salud en Colombia en los últimos años y atestiguan el esfuerzo ingente que ha hecho el país para brindar a la población mejores servicios de salud con una mayor equidad:
Según el Ministerio de Salud, en 1995 el total de afiliados al sistema de salud ascendió a 10,9 millones de personas —6,3 millones (57,8 %) en el régimen contributivo y 4,6 millones (42,2 %) en el régimen subsidiado—. Tomando los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la cobertura de la población ascendió ese año al 29,2 %. Según esta misma institución, en 2021, el 93 % de los residentes en el territorio nacional se encuentran afiliados al sistema; 46,5 % del total estaban en el régimen contributivo y el 53,2 % en el subsidiado.
La unidad de pago por capitación (UPC), en el régimen contributivo pasó de ser $118.000 en 1994 a $1’109.221 en 2022 —crecimiento de 9,4 veces—. En el régimen subsidiado el incremento es bastante mayor, pasando de $59.000 en 1994 a $964.807(crecimiento del 16,4 %); cálculos del autor indican que el gasto de salud por habitante en pesos constantes pasó de $12,3 millones por habitante en 2005 a $17,8 millones en 2019.
A la fecha, el Gobierno del presidente Petro no ha presentado la reforma ampliamente anunciada durante la campaña presidencial. La oposición, aprovechando algunos pronunciamientos de la ministra de Salud, ha continuado y profundizado la estrategia que le ha creado tantos beneficios espurios: la del miedo. En un reciente análisis de uno de los medios más beligerantes de esa corriente política se usan palabras como catástrofe e implosión, y se da gran despliegue a la posibilidad de que se eliminen algunos beneficios que gozan las personas más pudientes a través de los planes de medicina prepagada y complementarios, sin discutir el fondo de estas medidas, que es la búsqueda de una mayor equidad en el sistema.
Comparto el punto de vista de que el sistema actual tiene muchas falencias que deben ser corregidas, algunas de manera urgente; me identifico con quienes creen que hay que construir sobre el modelo de salud existente, que ha sido estudiado con rigor académico en diferentes espacios, pero ha evidenciado problemas que quienes diseñaron el sistema no anticiparon o subestimaron. Mi recomendación es que la reforma en elaboración apunte al fortalecimiento de aspectos institucionales que contribuyan a hacer un sistema con mejores incentivos no solo para controlar: (a) los costos de transacción del sistema característicos de la actividad aseguradora, originados en la asimetría de información y conducta estratégica de los diferentes actores (riesgo moral y selección adversa), y los propios de la actividad política, como la desviación burocrática; también (b) los costos de producción de los servicios, con mecanismos que incluyen incentivos para la innovación y el aumento de la productividad y tocan aspectos tan importantes como el establecimiento de estímulos para lograr la formación y capacitación adecuadas, presente y futuro, del personal que presta los servicios de salud (en las IPS privadas y públicas) y de los medicamentos y demás insumos que son parte de los costos de producción. La reforma debe también procurar el necesario fortalecimiento de las instituciones reguladoras (Superintendencia y demás) y del sistema judicial, para que diriman oportunamente los conflictos y diferencias entre los actores, y penalicen efectivamente a quienes violen las leyes y reglamentaciones propias del sector (los nuevos palacinos que puedan surgir).
* Ph. D. Profesor pensionado de la Universidad del Valle.