Hace unos meses se cumplieron 29 años desde aquel trágico lunes 23 de agosto de 1993 cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de León Zuleta en su apartamento del barrio Loreto, en el oriente de Medellín. Causa de muerte: múltiples heridas con arma blanca. Zuleta, un pionero del movimiento por los derechos LGBTIQ+ en Colombia, catedrático, activista, comunista y marica, nos dejó a los 40 años víctima de un crimen que sigue en la impunidad. El activismo de Zuleta le costó su trabajo en las universidades de Antioquia y Nariño, de donde fue expulsado por su apertura, pues no se guardaba sus manierismos, ideas y acciones, todas ellas revolucionarias para su época.
Zuleta inspira hasta el día de hoy a las nuevas generaciones a la hora de resistir ante hechos de discriminación. Es que se ha hecho necesario que la población diversa de Colombia sea capaz de levantar sus banderas y ocupar espacios en los que por décadas fuimos invisibilizados debido, en gran medida, al conservadurismo extremo en el que vivía la sociedad de principios de siglo.
El 4 de agosto del 2014 es otra fecha inolvidable, pues ese día perdimos a Sergio Urrego, cuyo legado ha sido la lucha de su madre por erradicar el acoso escolar contra los niños y jóvenes LGBTIQ+ del país. Sergio también fue objeto de discriminación por expresar su sexualidad libremente y encontrarse en un ambiente hostil y permisivo con el acoso. Su caso y el de Zuleta no deben ser vistos como algo aislado, sino como la norma; los de ellos fueron visibilizados, pero en la cotidianidad abundan sergios y leones que viven en tortura o mueren por culpa de este flagelo que viene del odio y que muchos llaman homofobia.
Terminando julio de 2022, Jorge Farías y Santiago Maldonado, una pareja de jóvenes homosexuales que se besaban en un parque del sector Salitre en Bogotá, fueron agredidos con palos, insultos e injurias por ciudadanos que con un discurso de odio, disfrazado de moral, los atacaron en su integridad física y también su dignidad. Es una constante que la violencia hacia la población LGBTIQ+ se base en prejuicios, muchos de ellos fundados en años de inoperancia y permisividad del Estado con la vulneración de los derechos de esta población.
En Colombia se han dado grandes triunfos en materia legislativa que benefician a los LGBTIQ+. El problema siempre ha estado en la implementación y el acceso a tales leyes y derechos por parte de quienes deberían beneficiarse. Con el Decreto 762 del 7 de mayo de 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos promulgó la denominada política pública LGBTIQ+, con la cual se crean y promueven estrategias para garantizar el goce pleno de los derechos a esta población.
Ni Nancy Patricia Gutiérrez, ni Alicia Arango, ni mucho menos Daniel Palacios, ministros del Interior del gobierno de Iván Duque, mostraron interés alguno en que esta fuera implementada; es más, le encargaron ser el enlace con la población LGBTIQ+ a un representante del partido Colombia Justa Libres, un grupo que practica el rechazo y la violencia contra ella. Colombia vive una sistemática enfermedad de odio hacia la población LGBTIQ+, con más de 100 asesinatos este año, incluyendo el del activista Jeison Vásquez en su casa en la comuna 13 de Medellín. Nuestros derechos no dan espera. La implementación de esta política pública debe estar en primera línea de las acciones del denominado “gobierno del cambio” que promueven Márquez y Petro. La igualdad es imparable.