EN EL ÚLTIMO DEBATE DE LOS CANDIdatos presidenciales Mockus insistió en la legalidad y Santos en la seguridad.
Las posiciones políticas de los dos más opcionados candidatos están bien representadas en la doctrina de la legalidad democrática y en la doctrina del mal menor, respectivamente. Conviene al país antes de las elecciones tener en cuenta las implicaciones de una y otra doctrina.
La doctrina de legalidad democrática que blande Antanas como bandera de campaña es profundamente republicana. Cree que el respeto a las normas jurídicas por los ciudadanos no reduce sino aumenta la libertad de todos. Considera inviable la convivencia pacífica y próspera de un pueblo sin inculcar en su población la virtud del cumplimiento de las promesas, desde la Constitución Política hasta el más simple contrato. Fundamento último del culto al principio de legalidad es el respeto de la dignidad e igual valor de cada uno de los miembros de la comunidad política. Su aspiración es hacer de nuestra sociedad una donde la confianza, la buena fe y la esperanza florezcan, como los girasoles que simbolizan su campaña.
La doctrina del mal menor ha sido expuesta recientemente por Michael Ignatieff, intelectual canadiense admirado y seguido por el ex ministro Santos. Se trata de una “ética política para una era de terror”. La doctrina del mal menor, según Ignatieff, “acepta como inevitable que no siempre es posible salvar a los seres humanos del daño sin matar a otros seres humanos; no siempre es posible conservar la plena revelación y transparencia democráticas en las operaciones antiterroristas; no siempre es deseable que los líderes democráticos eviten el engaño y la deslealtad; no siempre es posible preservar la libertad de la mayoría sin suspender las libertades de una minoría” (El mal menor. Ética política en una era del terror. Madrid: Taurus, 2005). El control del uso político de la doctrina del mal menor sería democrático por parte del Legislativo, los jueces y la opinión pública.
Para idealistas y soñadores, amantes de la civilización y la concordia, parece aconsejable la primera alternativa en una cultura donde el ventajismo y el abuso están arraigados. Realistas y pragmáticos, que reconocen la necesidad de medidas extraordinarias en estados de excepción, pueden verse mejor representados por quienes abrazan la segunda opción.
La disyuntiva entre legalidad y seguridad para las próximas elecciones no agota las posibilidades. Ambas opciones parecen ser mejores que una tercera: la doctrina de que “el fin justifica los medios”, aplicada por el actual gobierno en el DAS, en las fuerzas militares y en el Legislativo durante el trámite de las reelecciones, entre otras. Qué tan distantes están la legalidad democrática (del Partido Verde) y del mal menor (del Partido de la U) de la doctrina oficial que ahora muestra sus resultados (ver la opinión de Juan Gossaín en RCN http://www.rcnradio.com/node/22862), es algo que corresponde evaluar a los votantes. Más cuando los defensores de la primera han guardado silencio mucho tiempo ante la injusticia y los de la segunda han formado parte activa y se presentan como continuadores de las políticas del actual Gobierno. No parece existir todavía en el escenario nacional una alternativa presidencial que permita avanzar en la lucha contra el mesianismo, la dependencia y la segmentación y marginación sociales, realidades que tras tantos años de gobiernos de derecha son toleradas por legalistas y percibidas por muchos como un mal menor.