UN PUNTO DE CONVERGENCIA ENtre la crisis financiera global y la crisis piramidal local, hasta ahora ignorado, tiene que ver con el papel que en una y otra han jugado los llamados paraísos fiscales.
Lugares que han servido de trinchera para quienes han sido protagonistas de conductas amparadas por niveles mínimos de regulación y altos niveles de opacidad en el manejo del dinero y, en no pocos casos, de puntos focales del sistema sanguíneo del crimen organizado.
No es una coincidencia que el desmantelamiento de los paraísos fiscales sea uno de los temas de aparente consenso a la hora de plantear las ideas básicas para una nueva arquitectura financiera global. Según las cifras oficiales son alrededor de 50 jurisdicciones, microestados, islas exóticas o antiguos territorios vecinos que han hecho del anonimato y secreto bancario un dogma absoluto. Sin embargo, está en entredicho si hay voluntad política para combatirlos, como se discute hoy en la Conferencia de la ONU sobre financiamiento para el desarrollo, que concluye en Doha, Qatar.
Que el lavado de dinero, el fraude fiscal y el financiamiento del terrorismo bajo el denominador común de la corrupción sean actividades cercanas a esos paraísos fiscales no es una novedad. Porque como lo van demostrando las investigaciones en curso, la fórmula secreta de los defraudadores criollos tenía poco de ingenio financiero y mucho de lavado puro y duro. Ya se verá cómo la conexión con la criminalidad global organizada apuntalada por el narcotráfico comenzará a resolver grandes interrogantes. Por ello, es tiempo de poner la lupa sobre un problema que dispone ya de instancias internacionales para ser combatido, pese a que Colombia se encuentra ausente de ese escenario.
El GAFI —Grupo de Acción Financiera— de la OECD en París, es el principal cuerpo global de formuladores de políticas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cuyo objetivo es el desarrollo y promoción de políticas nacionales e internacionales para combatir esos delitos. El GAFI ha generado la adopción de múltiples cambios a nivel legislativo y regulatorio para el control de esos dos fenómenos en muchos Estados miembros; ha expedido decenas de recomendaciones en materia de políticas públicas; y realiza evaluaciones a los países que lo solicitan para verificar el cumplimiento de las mismas.
México, Argentina y Brasil ya son miembros, pero Colombia no hace parte del mismo pese a todo lo que podría aportar y aprender en la materia, en un momento que exige poner la cara a este problema con instrumentos eficaces, modernos y globales. Pues mientras el crimen organizado avanza en ascensor en la materia, el Estado sube por la escalera, con inmensos desafíos probatorios amenazados tanto por la lentitud como por la improvisación. La asesoría y la experiencia técnica de ese grupo de la OECD podrían convertirse en un factor relevante para diseñar controles efectivos y enfrentar la creatividad inagotable de la criminalidad financiera que por supuesto rebasa el sector financiero.
Pero más grave aún es la relativización de determinados valores que, en el ámbito de la ética colectiva, deberían llevar a no tener dudas sobre un delito que, por el contrario, aparece en una preocupante zona gris según lo dicen algunas encuestas recientes en Colombia. Al punto que, como lo afirmaba un parlamentario, se haya llegado casi a defender el “derecho al lavado” como parte de una estrategia de democratización de ese delito puesta en marcha por quienes hacen llover dinero sin mayor esfuerzo. La batalla contra los paraísos fiscales y la cadena del lavado debería ser una prioridad de nuestra política exterior en distintos escenarios globales, si no queremos pasar agachados una vez más como víctimas pasivas de este tipo de delincuencia.
Como bien lo afirmaba ayer el editorialista de este diario, existe la enorme frustración de constatar que el negocio de la droga sigue floreciente y con más tentáculos. Si se abre camino la tesis de replantear la lucha contra la droga, como ya lo reclaman muchos, el grueso de la artillería de una nueva estrategia debería arrancar por atacar con mayor eficacia el corazón financiero y el sistema circulatorio del crimen organizado. Esa tarea está aún pendiente y será otro de los grandes debates que vienen en los próximos años.