Despedimos el 2010 con el impacto de la tragedia invernal, la cual suscitó ya una importante discusión sobre las causas del fenómeno. En ella se viene apuntando más allá de la habitual caracterización de “desastre natural” a factores como la aterradora deforestación en la zona Andina que produce la sedimentación de la cuenca Magdalena-Cauca; la desecación de las ciénagas y la destrucción de gran parte del sistema natural de amortiguación de crecientes; el asentamiento de importantes poblaciones en zonas de riesgo y desde luego las debilidades y fallas institucionales de no pocas agencias del Sistema Nacional del Ambiente.
El problema requiere, sin embargo, un abordaje más integral y tal vez ha llegado la hora de proponer, desde el movimiento ambiental, un debate profundo al modelo de desarrollo que se viene agenciando.
El extractivismo que caracteriza las locomotoras del desarrollo como la minería o el agronegocio, que implica la transformación de grandes extensiones y ecosistemas estratégicos de un territorio ya alterado en proporción cercana a la mitad de su extensión, conducirá a un incremento de los problemas sin que los supuestos beneficios compensen las pérdidas en suelos, vegetación, fuentes de agua, diversidad biológica y cultural.
Lo paradójico es que la oferta natural de los ecosistemas colombianos permitiría un “buen vivir” sin necesidad de destruirlos y alterarlos. Somos uno de los ocho países megadiversos del planeta, somos la séptima reserva de agua dulce del mundo, nuestro territorio posee todos los pisos climáticos. ¿Por qué no aprovechar estas “ventajas comparativas” en beneficio de nuestra población?
Al parecer la quimera del oro, es decir la promesa de incrementar las arcas del Estado con las regalías provenientes de la actividad minera, o los ingresos que generarán los monocultivos agroindustriales, en modelos de imitación como el Cerrado brasileño, ocultan que los mayores beneficios serán para el capital transnacional promotor y ejecutor de tales megaproyectos y pasada la efímera bonanza nos quedarán los escombros y más pobreza. El panorama será aún más desolador por la benevolencia con que se viene tratando a los mencionados capitales en aplicación de la política de “confianza inversionista”, heredada del anterior gobierno.
En una perspectiva integral la adecuación de la institucionalidad ambiental es también un aspecto clave. Para ello se debe reconocer que el Sistema Nacional del Ambiente, luego de un prometedor impulso inicial, se fue estancando y posteriormente desmontando. Por la misma razón culpar a uno solo de sus componentes, las CAR, de los problemas evidenciados por el invierno, revela una visión recortada e insinúa que algunos retoques y descabezamientos podrían solucionar el tema. Sin desconocer la importancia de pedir cuentas a las Corporaciones y hacer los ajustes necesarios, sería conveniente recordar los propósitos iniciales del SINA y evaluar cómo se fueron abandonando. Revitalizar lo que en su momento se consideró por propios y extraños como el más avanzado esquema para una gestión ambiental acorde con los principios y caminos trazados en Río 92, podría ser más eficaz que dar palos de ciego hasta la próxima sequía o la siguiente inundación.
* Miembro del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida