Tampoco logra ser, al menos no es la regla general, un consenso que vaya más allá de los procedimientos. Es decir, puede existir un acuerdo con relación a las elecciones, quiénes pueden participar y cómo, a partir de ese resultado, se definen algunas cosas, usualmente a quien o a quienes respalda una mayoría.
Ahora bien, algunos alegan que hay falta de democracia cuando la mayoría elige una opción que les es adversa y ha hecho curso la teoría o corriente del constitucionalismo aspiracional, donde la Carta Política traza un camino en el que los jueces pueden avanzar por vía de la interpretación de la Constitución, incluso por encima de la expresión que haga la ciudadanía en las urnas. De allí que se defienda que los derechos fundamentales no se someten a las urnas y que la regla de oro de la democracia, como defendió siempre Bobbio, consistía en que las mayorías nunca podrían irrespetar los derechos fundamentales de las minorías.
Hasta ahí todo es claro como el agua. Sin embargo, las cosas cambian cuando todo se asume como parte de esos derechos y así entonces las urnas terminan por ser un tema accesorio, pues por encima de cualquier programa de gobierno, de reforma o de política pública, está la interpretación que hagan unos pocos de la Carta Política. Por eso hoy la Corte Constitucional da plazos para legislar sobre alguna materia, so pena de hacerlo directamente.
Además, en el caso de que un sector importante sienta que el programa de gobierno elegido por las mayorías es inconveniente y que los jueces se rehusen a obstaculizar su implementación, pues esta la calle y la movilización para imponer su posición, paralizando el país si es del caso. Ya lo vimos el último año con la persecución a las plataformas tecnológicas de servicios, con el incremento bajo presión del presupuesto para la educación superior pública, medidas proteccionistas que favorecen a unos pocos y afectan al consumidor, la no revisión de los acuerdos del teatro Colón, entre otras.
Lo cierto es que el programa de gobierno que ganó en la elección presidencial no incluía esos asuntos, mientras que el programa que perdió los promovía abiertamente. Lo mismo pasó en octubre de 2016, cuando las mayorías dijeron No al pacto de La Habana y el nuevo acuerdo nunca fue sometido a las urnas.
Puedo estar de acuerdo con algunas cosas, e incluso considerar que en la democracia es válido tomar otro camino si las circunstancias lo ameritan. Sin embargo, debo expresar mi preocupación con el camino que se ha tomado en Colombia, pues lo que se define en las urnas es superado por la movilización de sectores que perdieron las elecciones. La interpretación de la Constitución por parte de unos pocos invalida cualquier posibilidad de reforma vía elección y ahora vamos en que una posible decisión de la Corte Suprema puede llegar a “incendiar el país”, como me dijo hace poco un buen amigo al conversar sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez.
Por eso quiero insistir: marchas y sentencias sí, pero no así. Hay que volver a la separación de poderes y respetar las instituciones formales de la República.
PD: La captura de la hija de la condenada excongresista Aida Merlano, sumado a los argumentos “de película” que expuso la Fiscalía, dejan muy mal parado al Estado colombiano. Se tenía que decir y se dijo.
* Rector de la Universidad La Gran Colombia