Según ellas, los manitos están padeciendo una arremetida tenaz de distintos carteles de la droga con consecuencias semejantes a las que ha sufrido Colombia por cuenta del mismo flagelo, principalmente una enorme desinstitucionalización, un aumento de la corrupción y una altísima impunidad. Lo malo es que los remedios para combatir el problema, según las mismas noticias, también se parecen a los colombianos: una ley que apunta a combatir el crimen.
Lo dicho es, seguramente, una caricatura de muchas de las cosas que realmente están pasando en México y de las cuales apenas tenemos noticias sueltas; pero simplemente se quiere es llamar la atención sobre ciertas falacias que se incorporan tanto en la información que llega, como en las decisiones que se toman. Me explico: de un lado, el aumento de la criminalidad en México no es de ahora, ni las causas están exclusivamente asociadas al narcotráfico y, de otro, la cura del mal no correrá por cuenta de la mera expedición de una norma.
México en este momento sufre una suerte de “colombianización” por partida doble: sus instituciones y autoridades soportan un ataque del narcotráfico semejante al padecido en Colombia desde el asesinato del ministro Rodrigo Lara; y la solución al problema pareciera pender de una norma y no de una política pública que responda a los estudios, que suelen existir pero bien guardados, pues a ningún gobernante en funciones le parece prudente mostrar las lacras sociales con las que se convive.
Y México no pareciera ser la excepción a esta regla, pues desde 1961 existen estudios sobre impunidad que muestran ya la zaga institucional frente al desarrollo del crimen y su consecuente aliento a la impunidad. Esta hipótesis fue luego corroborada en otro trabajo que estimó que para 1996, la impunidad en la capital mexicana había llegado al 96,25%; y un estudio más hecho a partir de análisis estadístico y econométrico, mostró la relación de algunas variables con el delito, por ejemplo el nivel de urbanización con el aumento de homicidios y el aumento del hurto con la liberalización económica.
Más recientemente —Crimen sin castigo, México, FCE, 2004—, Guillermo Zepeda hizo una radiografía del fenómeno delictivo y su respuesta institucional en México. La conclusión más importante de este trabajo está relacionada con los efectos perversos de la ineficacia de las procuradurías de justicia y el Ministerio Público —el equivalente a nuestra la Fiscalía—. Ineficacia a su turno asociada con ineficiencias en la administración burocrática, presupuestal, estadística y en una práctica que ha llevado al Ministerio Público a escoger ad libitum los casos que decide investigar —algo así como nuestro recién instituido principio de oportunidad—, merced al desbordamiento de la demanda de justicia.
Mejor dicho, lo que hay son diagnósticos serios de la situación mexicana, que merecen mucho más que una ley —y sin perjuicio de ella—, pues, como se sabe, el fetichismo legislativo puede enviar un falso mensaje de acción política con en el que los criminales ya están familiarizados.
En las recomendaciones del último estudio mencionado puede estar parte de la clave para la solución del problema. Solo destaco dos: la formulación de una política criminal permanente, seria y no reactiva; y el fortalecimiento de aquella parte del sistema penal encargado de ponerle el cascabel al gato, pues por más que se aumenten las penas o se inicien exhaustivas investigaciones, si éstas no culminan con la captura efectiva del delincuente para llevarlo a juicio, guardado el debido proceso y la presunción de inocencia, el sistema penal de administración de justicia no será más que una pantomima.
* Profesor de la Universidad Nacional y miembro fundador de Dejusticia