Sería importante que el ministro de Agricultura, el presidente de la SAC o quienes están en la mesa de negociación de La Habana interrumpieran por unas semanas sus actividades y recorrieran la zona andina peruana para aprender del asombroso despegue de la economía rural de ese país durante los últimos 20 años.
Adicionalmente, deberían leer el libro Conexión y despegue rural, del expresidente del Banco Central de Reserva del Perú, Richard Webb, actual director del Instituto del Perú, de la Universidad San Martín de Porres, en el que trata de explicar por qué la productividad promedio anual del ingreso rural por habitante del Perú pasó de crecer de un nivel histórico de un 1,4% a un 7,2%, a partir de mediados de los noventa. Con metodologías novedosas y desafiando los enfoques tradicionales de sociólogos y economistas, el autor vuelve a lo básico y a lo obvio, a lo que habían planteado desde el siglo XIX, presidentes, viajeros extranjeros y muy pocos académicos peruanos, sobre la necesidad de construir carreteras y caminos y expandir la red férrea, para unir a la inmensa población rural con las ciudades, con las carreteras nacionales y con la costa. Porque mientras los sociólogos enfatizaron el atraso del campo en los mecanismos de poder que permitieron la dominación y explotación del campesino indio, y los economistas resaltaron políticas macro y microequivocadas, como la política arancelaria, Webb centra su atención en los formidables obstáculos de la geografía, al incrementar los costos de comercialización en un país sin caminos o los altos costos de compensar dichos obstáculos geográficos mediante la construcción de infraestructura y provisión de servicios de comunicación. Y encuentra que, efectivamente, desde 1994 se triplicó el kilometraje de caminos construido anualmente, mejoró muchísimo la conservación rutinaria de la red, se multiplicó el parque de vehículos que hacen servicio en el interior del país y se expandió la internet. Pero Webb no es iluso y se apresura a afirmar que toda explicación unicausal levanta sospechas. Por eso enfatiza que también ayudó el contexto general del país con la apertura comercial, que abrió mercados mundiales a la agricultura de exportación, y la derrota del terrorismo, en 1992, que permitió el retorno y trabajo normal en el campo; resalta también un contexto político más inclinado hacia las provincias y áreas rurales, y las externalidades de la mayor comunicación sobre otros determinantes del desarrollo, como la asistencia escolar, el mayor acceso a profesionales de la salud o el flujo de información sobre mejores prácticas agrícolas y comerciales.
Aunque el libro es muy convincente, también tiene silencios que sería muy útil aclarar, especialmente para los colombianos. ¿Qué ha hecho en Perú que los crecientes recursos públicos efectivamente se hayan invertido en el campo y no se los hayan robado? El libro tampoco menciona el impacto que han tenido en el desarrollo rural peruano los programas de formalización y titularización de tierras que comenzaron hace unos 25 años, después de la publicación de El otro sendero, de Hernando de Soto y Enrique Ghersi. Ni tampoco los efectos del extraordinario sistema de información de la ejecución del presupuesto y la inversión pública que Perú comenzó a implementar desde el gobierno de Alejandro Toledo. Pese a estos silencios, es un libro que deberían estudiar los funcionarios públicos, los académicos y todos los que se preocupan por el sector rural.