La captura por parte de la Fiscalía General de la Nación de una veintena de empresarios y administradores de empresas palmicultoras de Urabá y Chocó aumenta la presión sobre esta creciente industria nacional, quinta en el mundo, y la pone en la mira de organizaciones internacionales de derechos humanos que, desde hace varios años, acusan a grupos paramilitares de estar detrás del cultivo de palma africana.
Esto podría situar los cultivos de palma colombianos al lado de los “diamantes de conflicto” que por años sirvieron para financiar guerras irregulares y atrocidades en países como Sierra Leona, Costa de Marfil y Liberia, y a los cuales finalmente, con el concierto de instituciones internacionales, las Naciones Unidas, varias ONG, la Unión Europea y empresarios del sector, se les impuso un severo régimen de certificación —proceso Kimberly— para poder ser comercializados en los mercados internacionales.
Igualmente, el coltán, mineral utilizado en aplicaciones electrónicas, para celulares y otros aparatos, está estimulando la cruenta guerra en una región de la República Democrática del Congo, con secuelas similares de miles de muertos y desplazados. La madera en troncos fue ampliamente utilizada por el hombre fuerte de Liberia, Charles Taylor, actualmente procesado en la Corte Internacional, para financiar la guerra civil y desestabilizar países vecinos, y por grupos separatistas en Myanmar.
Se trata de productos legítimos usados para financiar guerras por parte de actores no estatales, lo que los distingue de los productos ilegales usados para el mismo fin, como los narcóticos que utilizan las Farc, en Colombia, y los Talibán, en Afganistán, para subvencionar su guerra. Existen resoluciones del consejo de seguridad y de la asamblea general de las Naciones Unidas frente a los recursos naturales que fomentan conflictos armados, y una pléyade de organizaciones de derechos humanos dedicadas a este asunto, con el objeto de promover bloqueos y boicots a productos “ensangrentados”.
El escrutinio que podría imponer la comunidad internacional sobre la palma colombiana a raíz de las recientes capturas deberá llevar al Gobierno a deshacer los frutos de la guerra, restituir a sus verdaderos dueños las tierras despojadas y llevar a la justicia a los responsables de las atrocidades cometidas. De lo contrario, miles de empleos y empresas legales y legítimas en Colombia dedicadas a esta actividad agroindustrial podrían sufrir consecuencias lamentables.