Se consume voraz y desordenadamente un recurso limitado, el suelo, sin la utilización de instrumentos de planeación adecuados y sin que se adviertan respuestas suficientes a los graves deterioros que sufren el paisaje, el ambiente y el patrimonio cultural. En ciudades pensadas casi exclusivamente para el lucro del capital privado, es apenas lógico que existan desequilibrios territoriales, procesos segregadores de la sociedad y pérdida irreversible de elementos culturales y simbólicos. La gestión sensata del suelo debe convertirse, por tanto, en el elemento central de una política de Estado, entre otras, porque un territorio bien gestionado se constituye en activo económico de primer orden.
Los candidatos presidenciales acaban de firmar el “Pacto Ambiental”, sin duda de vital importancia para Colombia y el mundo. No es menos significativo comprometerse con el Patrimonio Cultural, por cuanto un desarrollo sin referentes culturales resulta vacío de sentido. Cada elemento o pieza del patrimonio cultural que se pierde es insustituible, y con ello los ciudadanos extravían parte o mucho de su historia particular y colectiva.
En el país, el patrimonio cultural tiene rango constitucional. La Carta Magna compromete, en su protección, al Estado y a la sociedad en su conjunto. Por lo demás, es pretensión de la Ley de Desarrollo Territorial que las áreas de conservación patrimonial se constituyan en elementos centrales, determinantes en las decisiones que, en materia de políticas y estrategias territoriales, sean adoptadas. Es vital que el presidente entrante se aplique en darle un giro radical a la gestión del patrimonio cultural, hoy estancada cuando no en franca regresión.
La nueva apuesta debe enmarcarse en la rehabilitación de ciudades y centros poblados. No sólo por una actitud ética, sino también pragmática, son necesarios la reutilización, el reciclaje, la rehabilitación del patrimonio urbano colectivo. Tan grave como el desarrollo expansivo, es la obsolescencia programada de la ciudad y la consecuente renovación urbana arrasadora. Éstas significan un despilfarro de recursos sociales, que no parece sostenible a ningún plazo. Una apuesta de esta naturaleza implica la articulación de políticas de desarrollo de diverso orden y compromete la voluntad de múltiples sectores y actores. Obliga, igualmente, a instrumentar la rehabilitación a partir de los presupuestos de la gestión urbanística.
Para acompañar esta gestión, es necesario procurar una ley marco del Patrimonio Cultural, de más amplias perspectivas; la conformación de una institucionalidad que facilite el fortalecimiento de la acción en el tema; la creación de un Fondo de Patrimonio Cultural que vigorice los recursos existentes para el quehacer en el campo; y la creación de un Observatorio Nacional de Patrimonio Cultural, que se constituya en sí mismo en línea de investigación-acción para el análisis crítico de los procesos sociales, políticos y económicos relacionados con el patrimonio cultural, la ciudad y el territorio.