Distintas confrontaciones entre partidos políticos se repitieron en departamentos como Boyacá y Santander tras el triunfo de Enrique Olaya Herrera en 1930.
En los archivos del ministerio de Gobierno confluyen hoy todos los informes escritos al respecto por la Policía Nacional, los funcionarios judiciales, el Ejército y los gobernantes locales. Entre todos estos, desentonan los enviados desde Norte de Santander. Al comenzar la década, las noticias tienen que ver con los llamados “resguardos de rentas”. Para entonces, el Gobierno Nacional había emprendido una campaña de mano dura contra el contrabando de alcohol y aguardiente, con el propósito proteger el monopolio de la producción y expendio de licores. Se subieron los precios de licores departamentales y se aumentaron las penas contra “defraudadores”. Con el alza el contrabando arreció y a nivel nacional se impulsaron los resguardos departamentales, una especie de cuerpo armado sin mayor entrenamiento, que perseguía alambiques y contrabandistas. Así, las primeras denuncias sobre confrontaciones en el departamento apuntaron a los desmanes contra la población civil de estos cuerpos armados cuyo mandato suponía combatir el “desarraigo tributario”. Eran acusados de extorsiones, represión y violencia sexual.
Como consecuencia, la Asamblea Departamental intentó decomisarles las armas (“prohíbase a los resguardos de rentas portar armas de precisión como grass, Mauser, carabina, etc”). Las denuncias, sin embargo, siguieron acumulándose y desde Cúcuta se pidió “retirar agentes resguardos departamentales de la ciudad”. A mediados de 1931 se enviaron tropas de Ejército y destacamentos de Policía Nacional a la zona. En todos los casos, el procedimiento oficial consistía en “instalarse algunos días en el municipio, desarmar a la población y salir”.
En carta al presidente Olaya, el juez Antonio Santamaría hizo énfasis en las diferencias entre la violencia que para entonces se vivía en municipios de otros departamentos del país, y el conflicto en “los municipios de Norte”. Santamaría afirmó entonces que los enfrentamientos en territorio del norte tenían un carácter más comercial, relacionado con la presencia de delincuencia común y los contrabandistas que aprovechaban los “huecos en la frontera”. En un memorándum sobre la situación, el director general de la Policía Nacional pontificó sobre el carácter distinto de la zona: “Santander del Norte es un departamento desvinculado del resto de la República, pues con él tiene muy poco intercambio comercial y la acción del Gobierno y de los medios culturales de la capital de la República llega muy tarde y muy diluida. En cambio tiene muchos nexos comerciales y de sangre con Venezuela, lo que hace que toda la gente viva interesada e informada de la política venezolana, que muchas veces el acento sea venezolano y que las costumbres de esta República primen sobre las nuestras”.
El contexto es otro y los flujos también. Mucho va del alcohol etílico a la coca, del Marlboro Rojo al ACPM, de los resguardos de rentas al Bloque Central Bolívar (y algo va del paramilitarismo a las Bacrim). Pero hay algunos motivos nacionales repitentes sobre los que vale la pena reflexionar. El “desarraigo tributario” o la reticencia a pagar los impuestos. Los ejércitos privados que, desde el Estado, se ayudan a armar y luego no se logran desarmar. Y hay cierta continuidad en las palabras y explicaciones de la fuerza pública que usa y abusa de la metáfora de frontera “porosa” o “con huecos”. En un reciente especial sobre contrabando de gasolina de Caracol Televisión afirmó el policía al mando que en el operativo en cuestión iban a “entrar, golpear y salir. Este es un procedimiento rápido”.