No es un secreto que hasta el inicio de la pandemia el país estaba viviendo situaciones políticas sin precedentes. Primero, se vio inmerso en un cambio de panorama político a raíz de las elecciones regionales de 2019; segundo, presenció una de las más grandes protestas sociales en los últimos tiempos; y tercero, los índices de aceptación de algunos gobernantes estaban por el piso. Se esperaba que el 2020 conllevase acciones contundentes frente a problemáticas estructurales que aquejan a la realidad nacional, pero lo que pasó con el nuevo coronavirus fue que el país se vio inmerso en una problemática situación a todo nivel.
Hoy Colombia no solo se enfrenta a los problemas que se denunciaban en las protestas sociales de noviembre del año pasado (desde un nivel general), sino que estas dificultades se han hecho más evidentes. El imaginario colectivo, por ejemplo, empezó a ser mucho más consciente de las dificultades sociales, económicas, de seguridad salud, entre otras, que no solo son predicables de la política a nivel macro, sino que incluso se presentan al interior de los hogares. Casi nadie se salvó de la crisis de la sociedad colombiana, afectando a realidades tan diversas como los ciudadanos.
De esta manera, y mientras se acogió la orden de permanecer en casa para hacer frente a una enfermedad sin precedentes, las preocupaciones que había manifestado el conglomerado social a finales de 2019 pasaron a ser mucho más personales e individuales. Con la cuarentena muchos pasaron de exigir transformaciones sociales de gran envergadura, a preocuparse por sus derechos constitucionales mínimos a la libertad de salir de casa, a la garantía de su salud e incluso al mínimo vital.
Parecería ser que los problemas que aquejaban a la sociedad eran más graves de lo que se veía a simple vista, dado que se reveló con fuerza la pobreza en la que viven muchos sujetos. Por ejemplo, ha sido desgarrador ver a familias enteras luchando por ayudas asistenciales del Estado como un mercado o un giro de dinero que en muchos casos no alcanza para mucho. La pandemia también evidenció con claridad que Colombia hoy tiene una mayor población que vive del día a día, con pocas posibilidades de ahorro y en condiciones que no aseguran la pretendida movilidad social para un contexto como el exige y merece el país.
Pero el problema no fue solo a nivel doméstico, pues desde el nivel territorial se hicieron evidentes los problemas transversales que desde tiempo atrás se tienen en sistemas como el de salud. La población vio con preocupación cómo en las ciudades y municipios no había suficientes instalaciones ni equipos en caso en que se requiriese asistencia hospitalaria intensiva. El Estado tuvo que hacer improvisados centros médicos en lugares estratégicos del país, lo cual no era un secreto cuando se sabe que se debe esperar muchas horas para ser atendido en urgencias o programar citas médicas con meses de antelación.
Y llegando al nivel nacional, es posible sumar a la lista de problemáticas que no se ha encontrado solución a dificultades estructurales que se vienen denunciando desde diferentes escenarios. El 2020 fue testigo, entre otros asuntos prioritarios, del incremento de la violencia en los territorios, de un sistema judicial paquidérmico, de una educación a la que no todos pueden acceder, de un país con graves problemas de conectividad y de un fenómeno de corrupción que no cesa, a pesar de los esfuerzos que se han hecho.
Este año evidenció que los problemas que vive el país, reitero no solo consecuencia de la pandemia, se vieron más que nunca reflejados en las familias colombianas. La pandemia, además, confirmó que Colombia tendrá que resolver de cara al 2021 muchos retos para los hogares para los gobiernos territoriales y para los mandatarios del nivel nacional. Se debe trabajar de manera mucho más decidida, con objetivos más claros y de manera articulada, para responder efectivamente al interés general. Finaliza un año que tal vez ninguno quisiera repetir, pero que para aportar al mejoramiento de la sociedad no se puede olvidar.
*Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura