La semana pasada, la mayoría del Senado negó, en segundo debate, un proyecto de ley que ampliaba el tiempo necesario para poder iniciar un proceso en contra de cualquier delincuente capturado ‘in fraganti’ en zonas alejadas de los casos urbanos, como por ejemplo en alta mar, en la selva o en las riberas de ríos como el Orinoco.
Se trata del proyecto de ley 03 de 2013, cuya autoría es del ahora exsenador, Juan Lozano, y que tuvo como ponente en ese segundo debate a José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático. Hasta ahora, la autoridad que capture a un presunto criminal tiene 36 horas para llevarlo al sitio donde puedan comenzar los trámites legales para abrirle un proceso de investigación judicial y la iniciativa buscaba que ese plazo se ampliara a 72 horas.
«En Colombia, judicializar un capturado en menos de 36 horas es un reto, más aún si la captura es realizada en una zona recóndita. La realidad es que se han presentado casos de vencimiento de términos por no judicializar a los capturados, aun cuando estos procesos se han llevado a cabo dentro de las grandes ciudades», señalaba en su exposición de motivos el proyecto.
Según lo argumentó en su momento Juan Lozano, desde determinados puntos geográficos no se alcanza a transportar a un capturado para que se realice su judicialización en menos de 36 horas, pues el recorrido de la distancia entre el sitio donde se comete el presunto delito y el lugar donde se debe realizar la judicialización puede copar las 36 horas legales: «En dichos casos resulta físicamente imposible legalizar la captura de un sospechoso, lo que genera una impunidad inusitada y contraria a la del Estado de Derecho».
No es la primera vez que esta situación se pone bajo estudio del Congreso. Ya antes la norma había sido aprobada por el legislador, pero sólo se circunscribió a los delitos de narcotráfico, dejando de lado los demás hechos punibles que se pudieran realizar. Dicha disposición fue demandada ante la Corte Constitucional, tribunal que declaró su exequibilidad.
«No se puede negar que el narcotráfico es un flagelo para el país, pero tampoco se puede negar que no es el único delito, y que en las zonas marítimas de Colombia se cometen constantemente actos contrarios a la ley. El Estado colombiano no puede estar obligado a realizar una judicialización en términos físicamente imposibles para todos aquellos crímenes diferentes al narcotráfico», agrega el texto con el que Juan Lozano y José Obdulio Gaviria justificaban la aprobación de la iniciativa.
Además, decían que no había razón para discriminar los crímenes que supondrían que quien lo comete quede en libertad dependiendo del lugar donde es capturado. «Todas las victimas de todos los delitos tienen derecho a ser reparadas. La legalización de la captura de quien comete un delito hace parte del proceso de reparación, y esto debe garantizarse aun cuando la captura se realice en los lugares más recónditos del país, desde donde resulta físicamente imposible cumplir la regla de las 36 horas».
Pero, como se dijo, de nada sirvieron esos argumentos y la plenaria del Senado hundió el proyecto, según contó la senadora uribista Ana Mercedes Gómez, porque según algunos congresistas, dicho plazo no se puede ampliar por razones constitucionales. «Otros senadores guardaron silencio. Al momento de la votación llegó la triste sorpresa: sólo votamos sí los del Centro Democrático y uno más. Todos los otros votaron no. ¿Será que pensaron en las consecuencias de su voto negativo? ¿No habrán caído en la cuenta de que con su voto favorecen la criminalidad en un país en donde ésta abunda?», señaló Gómez.
Con un interrogante más que dejó sobre la mesa y que tiene que ver con el escenario de polarización política que hoy vive el país: «Definitivamente parece que la ‘leguleyada’ o quién sabe qué, prima en la mayoría de los senadores. ¿O será que tienen la consigna o directriz de votar en contra de todo lo que apoye el Centro Democrático? Los criminales deben estar felices, continúa su fiesta, pues pueden delinquir en alta mar, en zonas limítrofes de difícil acceso o en la selva profunda», concluyó la senadora María Mercedes Gómez.