¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi motivación se compone de tres razones fundamentales: la primera y más importante es que como ciudadano de Bogotá, ciudad que le permitió a mi familia y a mí tener una calidad de vida personal y profesional, además de contribuir con mi conocimiento a través del trabajo social y la filantropía a apoyar a los más necesitados, no me permite ser indiferente a su actual situación de inseguridad, falta de rumbo en su administración y crisis productiva derivada de la pandemia. La segunda razón es que dentro de mi experiencia he concluido a través de mis análisis que la estructura de la Constitución de 1991, desde su redacción en la Asamblea Constituyente, fue articulada de manera perversa para que el Estado no garantice ni cumpla los derechos humanos en ninguna categoría y que exista una arquitectura legal para la impunidad por parte de cualquier nivel del poder y administración pública para cometer delitos. Y la tercera es que como maestro en Artes Plásticas de la Academia Superior de Artes de Bogotá ASAB tengo una forma de ser que valora tanto la libertad creativa y la imaginación como base de la sociedad, pero acompañada por la disciplina como base del verdadero talento. Eso se traduce en orden y progreso con libertad, y ese espíritu del Partido Liberal Colombiano lo representa su historia defendiendo las libertades civiles en una economía de libertad de mercado con responsabilidad del Estado y la sociedad. Todo esto me ha llevado a lanzarme por este gran partido a representar a los bogotanos en la Cámara.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.
Hasta el momento no me encuentro en ningún proceso penal, fiscal ni disciplinario.
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De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Una reforma estructural real de la legislación económica colombiana cambiando su enfoque hacia el fomento de la empresa nacional en armonía con la inversión extranjera. Esto incluye y prioriza a todo tipo de empresas generando incentivos tributarios y de apoyo con crédito, capital semilla, acompañamiento técnico, legal y contable para ayudar a mitigar la cifra actual de 12 millones de desempleados en el país. En cuanto al incentivo tributario, de acuerdo con el tamaño de la empresa y el número de empleos, sería mínimo de dos a máximo cinco años de exención para las empresas nacionales y extranjeras que generen empleo. El fomento real a la garantía del Estado al derecho al trabajo reduce las cifras de inseguridad e informalidad (laboral y comercial) en el país, además que devuelve la dignidad humana a las familias permitiéndoles cubrir su educación, salud, vivienda, recreación, alimentación y cultura. Queremos generar una sonrisa en el rostro de cada familia bogotana.
A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?
La corrupción, la impunidad institucionalizada en una plataforma legal que es la Constitución de 1991.
¿Cómo solucionarla?
Modificando algunos artículos que no den la posibilidad a funcionarios y servidores públicos, así como a los ciudadanos, de cometer ningún delito o falta con grados altos de impunidad como sucede actualmente, aumentando de manera real las penas.
¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?
Ser claros sobre los Acuerdos con límites de plazos para la implementación sin blindajes internacionales que sirvan para encubrir actos de corrupción, terrorismo e impunidad patrocinados por “países pulcros”, que son paraísos fiscales que reciben dineros producto de todas las formas de criminalidad desarrolladas en el marco de conflictos armados como el de Colombia.
¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?
Mientras siga cometiendo actos terroristas y de control de actividades económicas ilegales, no. La voluntad de paz debe ser concertada por ambas partes y el Ejército de Liberación Nacional ha tenido todas las oportunidades para la firma de un proceso de paz y no las ha tomado.
¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?
El paso de la legalización de las drogas en un país productor como el nuestro está muy demorado. Si desarrollamos una industria legal alrededor de toda su escala productiva y comercial, sin duda, sería una solución real y definitiva al desempleo, el fin del narcotráfico y la solución de problemáticas sociales de la Colombia rural.
En cuanto al aborto, debe jugar un papel importante en el país la responsabilidad social en el hombre y la mujer, por aparte del Estado que debe propender por eliminar el círculo vicioso de la pobreza. Promoción de la educación sexual, métodos anticonceptivos y operaciones para anular la fertilidad.
Sobre eutanasia: nadie tiene porque mendigar cariño, cuidado, voluntad y amor de otra persona que ya no lo quiere ver.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?
No solamente las iglesias, sino todas las confesiones religiosas. Debe ampliarse la base gravable a toda la sociedad y que TODAS las personas naturales y jurídicas paguen un único tributo anual directo según sus ingresos, estrato socio económico y actividad productiva (con indulgencia para los emprendedores nuevos por dos a cinco años condicionados a la generación de empleo). Así podrá financiarse directamente el déficit de caja del Estado sin necesidad de reformas tributarias recurrentes y sin castigar a la clase media ni hacer políticas extremistas contra los grandes capitales y empresas locales y extranjeras que invierten en Colombia.
¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?
Sí debe realizarse una reforma profunda para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida y de calidad ética de quienes ingresan a la Policía tanto a la carrera policial como al préstamo del servicio militar obligatorio. Ningún país del mundo deja de tener un cuerpo de seguridad urbano que garantice el orden público, pero al resolverse los motivos de las tensiones sociales serán menores los usos de la fuerza en las manifestaciones ciudadanas que siempre serán legales y deben ser legales en una democracia. No obstante, el debate de pasar la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior debe hacerse en el cambio de gobierno para evitar sesgos ideológicos y analizando la conveniencia para el personal civil de servicio y activo de la Policía en sus condiciones de trabajo, y evitar que sea utilizada como un elemento de persecución a la oposición por parte de los gobiernos de turno.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Mientras no se violente la naturaleza original de la Constitución colombiana, como se ha hecho estos 30 años, las mujeres tienen todas las herramientas jurídicas para no solamente promover la paridad, sino un aumento significativo en la participación profesional, laboral, policial y educativa del sector público y privado. Según el censo de 2017, la población femenina del país era de 25.984.564 mujeres, en decir el 50,22% de la población del país. Por esto propondré que dentro de la legislación vigente se aumente un cupo de mínimo una mujer por cada cargo, dependencia o necesidad contractual dentro de las entidades del Estado.
¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?
La Comisión de Acusaciones históricamente ha tenido mala fama en su eficiencia debido a que nunca ha generado condenas políticas, y las pocas veces que ha actuado siempre ha habido el fantasma de las rivalidades políticas de los parlamentarios que la presiden contra los gobiernos de turno. Hay que reformar la instancia de responsabilidad política de acusaciones garantizado que intervengan jurisdicciones externas al Congreso de la República, para evitar conflictos de intereses y que haya todas las garantías procesales para todas las partes del proceso. Que haya mayor agilidad en el desarrollo de los mismos procesos sin obstáculos burocráticos, exhibiciones mediáticas ni extralimitación de funciones con respecto a la justicia ordinaria y las altas cortes.
La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Al articularse una política pública seria con una institucional para mejorar la realidad del empleo y emprendimiento en Colombia. Esto, sin duda, disminuiría los principales factores de delitos que conllevan a la criminalidad. Pero esto necesita sin duda de una reforma constitucional donde existan penas fuertes (debatir en serio la cadena perpetua e incluso la pena capital para delitos de lesa humanidad) contra todas las formas de corrupción y en general los delitos comunes, para que exista un desestimulo y advertencia social de cambio de la cultura jurídica de la promoción de la impunidad a la cultura de la legalidad.
Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?
Como representante a la Cámara crearía, junto a la bancada del Partido Liberal, la Mesa Directiva de la Cámara, RTVC Sistema de Medios Públicos y Canal Congreso una estrategia seria para replantear los contenidos y programas de manera más fresca, digital y clara sobre la gestión del Congreso, sus programas de formación y las leyes del país. No es falta de difusión, ya que los noticieros de Cámara y Senado tienen horario triple A en todos los canales de televisión, sino una reinvención de la misma, y es allí donde la televisión pública, unida a las redes sociales, son fundamentales.
¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?
No, porque mientras no haya responsabilidad jurídica del gobierno venezolano y un vacío jurídico no se puede restablecer la diplomacia. Con excepción de negocios directos entre comerciantes formales e informales de las fronteras, así como giros y remesas considerando la situación humanitaria de las familias de los migrantes actualmente refugiados en nuestro país.
¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?
La inseguridad sin duda alguna se ha convertido en una problemática transversal, por la falta de coordinación de política criminal y de orden público por parte de los gobiernos Distrital y Nacional, además de un conflicto de las administraciones con sus críticos y observadores al limitar los aumentos de los delitos a una “percepción de inseguridad” atribuida a prejuicios e incluso llevada a una interpretación sesgada de prejuicios entre ciudadanos por estrato socio económico y sector. A esto se suman la crisis económica, social y ambiental posterior al inicio de la pandemia y al incremento de población migrante que, aunque según estudios no participa en más del 17% de diferentes actos delictivos, ha creado un ambiente de xenofobia que ha llegado al discurso incluso de las autoridades y algunas candidaturas.
Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.