Era una buena oportunidad, así lo creía Claudia, quien confiaba en que, si se desempeñaba bien, ese congresista podría ver habilidades en ella para recomendarla y conseguirle un mejor contrato. “Llegué al área administrativa de la Cámara de Representantes. Él me dio la oportunidad de iniciar en uno de los trabajos más bajitos; yo estaba contratada como bachiller, pero cumplía un perfil más alto”, dice.
Para ese entonces, la periodista Claudia Ventura estudiaba Comunicación Social —ella pagaba los costos de su pregrado—, pero tenía un técnico en Administración de Recursos Humanos del SENA, lo que le permitió iniciar su vida laboral en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez (Idipron) y tener experiencia en el área de contratación y asesoría jurídica.
En esa entidad distrital dice que conoció a Jairo Humberto Cristo, representante por Cambio Radical, quien le habría conseguido el contrato en la oficina de recursos humanos de la Cámara a finales de 2018, pero también le habría dicho que si quería mejorar sus condiciones laborales debía acceder a tener una relación sentimental con él; “igualmente, me dijo que podría ayudarme con los gastos de la universidad”, afirma Claudia.
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“Eso me cayó muy mal, pues ofrecí lo mejor de mí para conseguir un mejor contrato, pero las cosas en el Congreso no funcionan así”. El Espectador habló con Cristo y negó todo: “No le propuse cosas indebidas (…) sí me dijo que la ayudara y yo no pude porque no tenía espacio en mi Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)”, asegura.
De acuerdo con Claudia —quien trabajó en el Congreso hasta 2021, cuando tuvo que salir del país por amenazas—, los ascensos en el Legislativo no dependen necesariamente del desempeño: “El contrato por prestación de servicios lo utilizan para pagar favores, eres una cuota política. Por eso, para renovar el contrato hay que rogar y es cuando se aprovechan”. Claudia también fue candidata al Senado por Centro Esperanza y trabajó de cerca con Jennifer Pedraza, representante a la Cámara (Dignidad y Compromiso).
La Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) expone que el acoso sexual en el trabajo puede tener un impacto negativo en “la remuneración, la progresión profesional, las condiciones de trabajo de las víctimas y conducirlas fuera del mundo laboral (…) Si bien puede afectar a cualquiera, afecta particularmente a las mujeres y refuerza estereotipos sobre sus capacidades”.
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Ahora, el acoso sexual está contemplado en el artículo 210A del Código Penal colombiano así: quien “en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad (edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica) acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona” podría incurrir en prisión de uno a tres años.
No fue la única vez que Claudia sintió que su contrato estaba siendo transado, también asegura que en una ocasión César Lorduy, exrepresentante por Cambio Radical y miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), le ofreció un puesto en el Senado a través de uno de sus copartidarios, tan solo después de haberla invitado a almorzar y haberla presentado como su “novia”. Este diario se contactó con Lorduy, quien dijo que cuando conoció a Claudia, ella “estaba interesada en conseguir un contrato (…) no recuerdo haber almorzado con ella. Nos reunimos una vez en uno de los corredores del Congreso”. Pero ella dice que Lorduy la recogió en su camioneta esa vez.
Ante la respuesta de los políticos a los que ella señala, dice que “está esperando a tener protección” y que irá hasta las últimas consecuencias con sus acciones judiciales (…) “lo último que querría una mujer es ser conocida por un escándalo sexual”. Según su testimonio, “es difícil darse cuenta del acoso. Pareciera que tengo que agradecerle a esa persona que quiere acostarse conmigo porque me va a ayudar a avanzar en mi carrera”, cuenta.
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Las condiciones laborales de las mujeres y la normalización del acoso y el abuso en el Congreso son de los mayores obstáculos para poder prevenir las prácticas violentas. María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico y presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (CLEM), comenta que hay víctimas que no entienden que se trata de una agresión, mientras que sus posibles victimarios creen que es un simple coqueteo.
Precisamente, al preguntarle a una trabajadora del Legislativo —quien pidió reservar su identidad y ha trabajado temas de género en el Congreso— si sabía de denuncias de violencia sexual en la entidad dijo: “Esto va a sonar muy fuerte si eres feminista (…) llevo más de 20 años trabajando en el Congreso y no he escuchado testimonios de acoso, pero sí he sabido de muchos noviazgos”.
De acuerdo con ella, hay un patrón en el que muchas mujeres ascienden laboralmente tras mantener una relación con un político; eso evidencia las condiciones asimétricas del poder. “Debe haber un mecanismo para proteger a la posible víctima”, pues hay mujeres que no entienden las dinámicas a las que están expuestas. Ahora, según cuenta Claudia, en el Congreso “se habla de forma muy coloquial de esto, sobre cómo se acuestan con los congresistas o hasta de qué tamaño tienen el pene”.
En lo corrido de 2023, las entidades del Estado han contratado por prestación de servicios a 85.952 personas, de las cuales 49.377 son mujeres, según Colombia Compra Eficiente. Esto significa que el 57,44 % de la contratación estatal por OPS es para las mujeres. “En el Congreso quienes otorgan el contrato son en su mayoría hombres —que ocupan el 70 % de las curules— con poder político y económico”, asegura Jennifer Pedraza. Según la representante, “la precarización laboral es un caldo de cultivo para la explotación sexual; es decir, que te toque rogar para renovar el contrato cada tres meses”.
La denuncia de Claudia tiene similitud con otros testimonios conocidos: “Si quiere el trabajo, esta es la manera”, publicó el periódico El País en enero, donde señalan a Mauricio Lizcano, director del DAPRE, quien negó todo. Un patrón parecido tienen las denuncias a las que se acercó el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde), que señalan como victimario a John Jairo Uribe, antiguo productor de Canal del Congreso, quien habría acosado sexualmente y pedido una parte del sueldo a algunos de sus trabajadores como forma de chantaje. También las mencionadas del exsenador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico): “No querían hablar porque perdían el trabajo: ‘No nos vuelven a contratar, esa gente es muy poderosa’”.
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¿Cómo funciona la contratación en el Congreso?
Principalmente, de dos maneras: los contratos por prestación de servicios (OPS) y los contratos de libre nombramiento y remoción: ambos dependen del jefe directo, lo que hace al trabajador más propenso al chantaje. Los OPS sólo pueden celebrarse con personas naturales “cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”, de acuerdo con Función Pública. Esos contratos tienen un término definido y “en ningún caso generan relación laboral ni prestaciones sociales”.
Según cuenta Gustavo Bolívar, las cuatro denuncias que él recibió son de mujeres del “sector administrativo, es decir, contratos que dependen directamente de las mesas directivas y de la dirección administrativa (…) Hay muchos congresistas implicados en las denuncias porque el juego es que los senadores y representantes van a donde su amigo de la mesa directiva y le dicen métame esta gente, ayúdeme con estos. Toda esa gente en la parte administrativa tiene un padrino o madrina”, cuenta.
Por otro lado, la vinculación a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) es por libre nombramiento y remoción, por lo que quien decide si el funcionario sigue en el cargo es el congresista. Los cargos allí tienen la siguiente denominación: Asistentes y Asesores, de esta manera lo ha establecido el artículo 388 de la Ley 5 de 1992. “Cada Congresista contará con una unidad integrada por no más de seis empleados (…) para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato”, dice la ley.
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Las medidas
Pizarro está a cargo de una comisión de investigación para esclarecer los hechos de acoso y abuso sexual en el Congreso. De acuerdo con la senadora, ya han recopilado varios testimonios reservados, entre los que hay algunos casos de finalización de contratos; dice que varias de esas denuncias ya están interpuestas en la Fiscalía, incluyendo las del senador Jota Pe.
Ese trabajo se suma a la conformación de un equipo experto para atender denuncias a través del canal ‘denunciasegura@senado.gov.co’ o ‘denunciasegura@camara.gov.co’, que fue creado tras la adopción del protocolo para la prevención de la de la violencia sexual, por las mesas directivas y las direcciones administrativas del Senado y la Cámara en enero. “Yo tengo una preocupación: generar un espacio seguro, confidencial y legítimo para que las mujeres se atrevan a denunciar. Ese tipo de confianza no es cosa de un día. No es sencillo porque es un patrón de violencia que se ha sostenido durante mucho tiempo en un espacio donde existe mucho poder”, dice Pizarro.