El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció que durante una reciente visita a la cárcel El Bosque de Barranquilla no le fue permitido el ingreso de cámaras para tomar evidencias de la situación general de derechos humanos de los reclusos y de su situación de salud, en momentos en que los profesionales que prestan ese tipo de servicios en el establecimiento llevan a cabo un cese de actividades por la falta de pagos.
La presencia de Camargo en el centro penitenciario de la capital atlanticense hace parte de una serie de visitas que viene realizando la Defensoría para constatar cómo se están prestando los servicios de salud y cómo está la infraestructura. “Hicimos un análisis en 33 establecimientos penitenciarios del orden nacional en los que se pudo constatar que por lo menos en el 45% se reportan demoras o faltas de pago de los honorarios de los profesionales de la salud, desde el 1° de julio, cuando el servicio quedó en manos de la Fiduciaria Central”, manifestó Camargo.
Entérese de más noticias de la actualidad política en https://www.elespectador.com/politica/
En este sentido, aprovechó para hacer un llamado a la mencionada Fiduciaria Central, al Fondo Nacional de Salud de la Población Privada de la Libertad y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec), entidades encargadas de la prestación del servicio de salud en las cárceles del país, para que de manera urgente solucionen los problemas de contratación del personal encargado de la atención para que no se vulnere el derecho a la salud de las personas que están privadas de la libertad.
“El acceso a la salud es requisito imprescindible, por lo cual es inadmisible que se interrumpa la atención médica por razones presupuestales o administrativas, pues esto vulnera los derechos fundamentales de los 1.743 privados de la libertad en la cárcel El Bosque y La Modelo de la capital del departamentos el Atlántico, al igual que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Salamina (Caldas) y Apartadó (Antioquia), donde no se han contratado los servicios médicos”, dijo Camargo.
Según la Defensoría del Pueblo, sólo en el 24% de los centros penitenciarios analizados se presta el servicio de salud de manera continua los siete días de la semana, las 24 horas. En el 45% se presta el servicio ocho horas al día; 18% presta el servicio cuatro horas al día y el 12% de los centros de reclusión reportados no están prestando el servicio de medicina general por falta de contratación y pago de honorarios.
“Las entidades encargadas deben desplegar todas las acciones requeridas para que las personas privadas de la libertad puedan continuar con el acceso al servicio de salud de manera efectiva, oportuna, eficiente, integral y en igualdad de condiciones”, enfatizó el defensor del Pueblo.
En lo que tiene con la infraestructura, Camargo denunció el retraso en las obras en varios establecimientos penitenciarios, cuyos nuevos pabellones deberían estar listos para operar al finalizar este año, pero cuyo avance llega al rededor del 60% para el caso de Santa Marta y Barranquilla.
Lea también: Defensoría del Pueblo dice que seguridad de los exFarc permanece en “alto riesgo”
El informe de la Defensoría revela que, a agosto de este año, las obras civiles de infraestructura modular en el centro de reclusión de Ternera en Cartagena reporta un avance del 34 %, aun cuando la fecha de terminación está prevista para el 25 de noviembre de este año. En Itaguí, la situación es similar, pues el avance es del 37% y la fecha de terminación está contemplada para febrero de 2022.
“Reitero mi llamado a la Uspec para acelerar la ejecución de las cuatro obras modulares que se adelantan en los centros de reclusión de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e Itagüí. Esto resulta fundamental para lograr el traslado de personas privadas de la libertad y disminuir la presión sobre los centros de detención transitoria, sobre las estaciones de Policía y sobre la URI, que actualmente enfrentan graves problemas de hacinamiento”, concluyó Camargo.