Alejandro Ordóñez, el procurador general de la Nación, es uno de los personajes del año en Colombia. Ha estado presente, como protagonista de primer orden, en muchos de los debates políticos más intensos de los últimos tiempos. Ha generado controversia por sus intentos de promover una agenda que mezcla sus convicciones íntimas con sus responsabilidades públicas. Y al mismo tiempo ha surgido, en un país polarizado, fracturado institucionalmente, como una figura conciliadora, dispuesta a romper el hielo del empecinamiento y la cerrazón ideológica.
El Procurador es una figura paradójica. Entiende la necesidad de la negociación, de los acuerdos pragmáticos, del tira y afloja de la política. Y al mismo tiempo muestra un apego dogmático a sus convicciones, una adhesión principista a sus creencias. Esta doble faceta, de político y misionero, de pragmático y radical, lo ha convertido en un personaje polémico y misterioso.
El político
El Procurador fue elegido con amplia mayoría en el Senado. Ganó la elección de forma abrumadora. Pero sus contradictores nunca aceptaron lo que fue una victoria política inobjetable. Lo acusaron de haber hecho componendas clientelistas con los senadores de oposición y acuerdos secretos con los senadores oficialistas. Jamás reconocieron su habilidad para forjar acuerdos programáticos. Todos sin excepción menospreciaron su capacidad conciliadora.
El procurador Ordóñez ha mostrado una capacidad innegable para dialogar con políticos de todas las tendencias en una coyuntura compleja, en un momento de creciente polarización. Ha llamado la atención sobre la inconveniencia del enfrentamiento entre la Corte Suprema y el Presidente de la República. Ha sido propuesto como posible mediador en una disputa irracional. Podría jugar incluso un papel preponderante en una próxima reforma a la justicia. Y en general parece dispuesto a promover un mejor entendimiento entre los poderes públicos y las fuerzas políticas. Su protagonismo como mediador, como político en el buen sentido de la palabra, es encomiable. Y probablemente lo será aún más en el futuro.
El funcionario
Pero el Procurador no es sólo un mediador. Las responsabilidades de su cargo lo obligan a tomar partido, a sentenciar la inocencia o la culpabilidad de muchos funcionarios. Sus críticos han puesto en duda su independencia, han cuestionado su sesgo en favor del Ejecutivo. Pero se ha defendido con vehemencia, ha señalado que, entre otras cosas, confirmó la dura sanción al ex director del Invías Daniel García, inició una investigación en contra del secretario jurídico de la Presidencia, vinculó disciplinariamente a varios directivos del DAS en el caso de las ‘chuzadas’ y criticó las intervenciones políticas de un ex ministro de Agricultura y precandidato presidencial en los consejos comunitarios.
Por su parte, sus críticos han puesto de presente una serie de actuaciones supuestamente parcializadas. El procurador Ordóñez, dicen, ha insistido una y otra vez en la inocencia del coronel Plazas Vega, ha pedido la nulidad de la investigación en contra del ex senador Mario Uribe y sobre todo absolvió al ex ministro del Interior Sabas Pretelt y al ministro de Protección Social, Diego Palacio, en el sonado caso de la yidispolítica. En este último caso, dicen los críticos, el Procurador usó selectivamente el fallo provisional de su antecesor: tomó lo que le servía, excluyó lo que le estorbaba y terminó absolviendo a los funcionarios con el argumento sospechoso de que existía una duda razonable sobre el uso de recursos públicos para cambiar el voto de la ex representante Yidis Medina.
A raíz de este fallo, sus críticos se vinieron lanza en ristre. Señalaron que los argumentos del Procurador eran acomodaticios en el mejor de los casos. Y absurdos, en el peor. Pero Ordóñez supo defenderse con vehemencia. “Desafortunadamente —dijo en una entrevista— en los últimos años cierta plutocracia mediática ha considerado que los jueces o las autoridades disciplinarias deben reducir su función a servir de caja de resonancia de sus decisiones inapelables, previamente tomadas por los medios de comunicación. Yo los respeto, pero seré independiente frente a sus presiones”.
El misionero
La polémica sobre la gestión del procurador Ordóñez va mucho más allá de su independencia en relación con el gobierno del presidente Uribe. Uno de los debates más importantes de este año (y de los próximos) tiene que ver con sus pretensiones de poner el Ministerio Público al servicio de una agenda religiosa, de un conjunto particular de creencias. En los últimos meses pidió la anulación de un fallo de la Corte Constitucional que promueve la educación en materia de derechos sexuales entre los bachilleres, creó un grupo especial con el único propósito de hacer control previo a la Clínica de la Mujer de Medellín (posteriormente el Alcalde canceló el proyecto) y pidió el retiro del mercado de la llamada píldora del día después, por considerarla abortiva y violatoria del derecho a la vida.
“A mí no me asustan los editoriales ni las estigmatizaciones… ¡me importan un bledo!”, ha dicho Ordóñez en referencia directa a quienes han criticado sus creencias religiosas. Pero el asunto en cuestión nada tiene que ver con su religiosidad o con sus convicciones más íntimas. Lo que debería discutirse con urgencia es su intención de mezclar los asuntos del Estado con los de la fe, de combinar las esferas religiosa y política. De lo que se trata, en últimas, es de si los funcionarios, especialmente los de alto rango, deben o no respetar el espíritu secular de la Constitución de 1991.
En su libro Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad, Ordóñez denuncia la “creciente rebeldía del hombre moderno frente a cualquier forma de autoridad… causada por la desvinculación del derecho con aquellas realidades capaces de conferirle fundamento, justificación y vida eficaz”. En este libro el Procurador plantea el ideal de una sociedad controlada, donde la mayoría persiga obedientemente el mismo fin ulterior y donde el libre desarrollo de la personalidad esté limitado por el catecismo. Algunas de sus actuaciones recientes sugieren, además, que parece dispuesto a usar su habilidad política y sus ingentes responsabilidades públicas para perseguir ese ideal. “La realidad —ha dicho— debe primar sobre los prejuicios y esquemas ideológicos que se pretenden imponer prevalidos de la laicidad estatal y de su acendrado agnosticismo”.
“A mí lo que más me importa es salvar mi alma”, dijo recientemente. Un objetivo respetable como tantos otros. Pero un objetivo estrictamente personal. Una cosa es la salvación del Procurador y otra debería ser la labor de la Procuraduría. Pero por ahora, como en el cuento de García Márquez, una y otra son la misma vaina.