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En septiembre de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz le otorgó la libertad al excongresista Álvaro Ashton, investigado por el cartel de la toga y la parapolítica. A pesar de las pruebas en su contra, la JEP decidió darle ese beneficio a cambio de que dijera la verdad. Pues bien, Ashton está hoy en graves apuros por cuenta del caso de Francisco Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, condenado recientemente por un juez. En desarrollo de su juicio, Ricaurte pidió como testigo a Ashton y este declaró que Ricaurte era inocente del cartel de la toga. El juez que condenó a Ricaurte advirtió que Ashton mintió deliberadamente en ese juicio para tratar de favorecer a su amigo. Una actuación que seguramente tendrá consecuencias en la JEP, que ya estudia el caso Ashton y podría resultar expulsado de esa jurisdicción en las próximas semanas.
Baldíos y votos
Ha sido muy discutida la ponencia de Antonio José Lizarazo, magistrado de la Corte Constitucional, sobre la posibilidad de declarar un estado de cosas inconstitucional en materia de acceso a la tierra para los campesinos. El sentido de la ponencia fue revelado hace más de un mes por Noticias Caracol. Aunque la Procuraduría y expertos en el sector avalaron esta posición de Lizarazo, hay mucha controversia en ese alto tribunal sobre el tema de la imprescriptibilidad de los baldíos de cualquier tamaño. La propuesta de Lizarazo protege la formalización de los pequeños campesinos y frente a los predios grandes, generadores de acumulación, quedarían sin piso más de 12.000 sentencias de pertenencia que serían ocupaciones de baldíos; es decir, predios de la nación. Más allá de la seguridad jurídica, la mayoría de la Corte es consciente de la tremenda inequidad que hay en el campo y la acumulación de tierras. Hoy Lizarazo tiene el respaldo de los magistrados Alberto Rojas, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Diana Fajardo. Lizarazo quisiera que la votación fuera unánime, dada la importancia y trascendencia histórica de su propuesta. De eso depende que triunfe el declarar el estado de cosas inconstitucional o que se decante por ordenar medidas estructurales. El lío es que hace siete años la Corte hizo eso y no se avanzó nada en la clarificación de los baldíos de la nación.
La jugadita
Hay dos nombres que han sonado mucho en los mentideros políticos en las últimas semanas tras la propuesta que impulsaron 22 representantes de la Cámara de ampliar el período del presidente Duque, los congresistas y los jefes de los organismos de control hasta 2024. Se trata de una alta funcionaria de Palacio de Nariño y de un jefe de una de las “ías”. Según fuentes enteradas en estas jugadas del poder, habrían sido ellos quienes más impulsaron esta propuesta que pretendía modificar las reglas de juego electorales. Al final, con su archivo, paradójicamente, el más favorecido es Gustavo Petro. Algunos dicen a modo de chiste y recordando el famoso lamento del Chavo del Ocho, que el gobierno de Duque y sus aliados, sin querer queriendo, son los principales jefes de debate del candidato de la Colombia Humana.
Vuelve y juega
Un ciudadano preocupado por el futuro de la Fiscalía decidió interponer una tutela en contra del fallo del Consejo de Estado que no anuló la elección de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación con el argumento de que su período no era institucional sino personal. Hace varios años ocurrió un pleito similar con el entonces fiscal Eduardo Montealegre. En esa ocasión, el Consejo de Estado mantuvo la elección de Montealegre, argumentando que el período era personal, pero con la advertencia de que a futuro debería ser institucional, como reza la Constitución. Esa advertencia podría jugarle en contra a Barbosa con esta nueva tutela que ya despertó el interés de algunos magistrados de las altas Cortes.
No da pie con bola
El video de la última declaración del abogado Diego Cadena en la Fiscalía, revelado por este diario el jueves pasado en alianza con Blu Radio, inundó las redes sociales de memes y videos parodiando lo ocurrido en esa diligencia, en la que estuvo acompañado de su abogado, Iván Cancino. En varias ocasiones Cancino corrigió a su cliente, le dijo que escuchara bien las preguntas y lo interrumpía para decirle que debía guardar silencio. Se recordó el primer interrogatorio que había rendido Cadena en la Fiscalía, donde incluso terminó pidiéndole excusas al fiscal Daniel Hernández por su comportamiento en las cárceles. Al margen de si la justicia prueba o no que cometió alguna irregularidad, muchos sí se preguntan cómo es posible que una persona de esa calidad jurídica hubiera sido abogado del expresidente Álvaro Uribe.
El poder detrás
La procuradora María Lourdes Hernández Mindiola es el poder detrás del poder de la procuradora, Margarita Cabello. Hernández, quien ha venido interviniendo en el proceso del exsenador Álvaro Uribe e incluso pidió en su momento su libertad, es hoy la jefa de gabinete de Cabello, un cargo que antes no existía, tal como ocurrió en el Palacio de Nariño con María Paula Correa. Hernández le maneja la agenda a la jefa del Ministerio Público, la asesora en asuntos delicados y está pendiente del día a día de la Procuraduría. Aunque el viceprocurador que nombró Cabello es Antonio Emiro Thomas Arias, en realidad Hernández es el poder detrás del poder, le cuentan a esta sección fuentes muy bien enteradas del poder en esa entidad.
Tercería en el CNE
El pulso por la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue al rojo vivo. Tras la salida del cargo del magistrado Hernán Penagos (la U), los acuerdos previos decían que en su reemplazo debería entrar Jorge Rozo (Cambio Radical), pero se les atravesaron sus compañeros Renato Contreras (Centro Democrático) y César Abreo (Partido Liberal). Al final, no hubo consenso y este último asumió la presidencia interina, por ser el primero en orden alfabético. Dicen que la intención de Abreo es quedarse ahí un buen rato; sin embargo, el malestar persiste y el miércoles se hará un nuevo intento de elegir presidente en propiedad. Ha surgido una tercería: pues si no es Rozo, que tampoco sea Abreo, por lo que los guiños recaen en el magistrado Jaime Luis Lacouture, quien llegó al CNE con el apoyo del Partido Conservador. ¿Qué pensará el registrador nacional, Alexánder Vega, de quien, dicen, está detrás del boicot a Rozo?
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