Visiblemente recuperado tras el susto que le jugó su corazón en agosto pasado, tan sólo dos días después de su posesión como Vicepresidente de la República, y que obligó a una compleja intervención quirúrgica, Angelino Garzón lleva hoy un arduo ritmo de trabajo que lo ha llevado a diferentes foros por el mundo en los que ha expuesto los programas del gobierno de Juan Manuel Santos en materia de defensa de los Derechos Humanos y de lucha contra la desigualdad y la pobreza, entre otros temas.
En diálogo con El Espectador, Garzón fijo su posición frente a los cuestionamientos de varias Ong que aseguran que las amenazas y asesinatos de líderes sindicales y defensores de derechos Humanos sigue siendo crítica y, sin olvidar su vena sindical, se inmiscuyó en el tema de los derechos laborales de los colombianos, al tiempo que advirtió las amenazas que se asoman a un gobierno que como el de Juan Manuel Santos ha propuesto reformas trascendentales.
¿Cómo le fue en el Foro de Competitividad de las Américas, en Atlanta?
Muy bien. Nuestro objetivo es procurar acuerdos comerciales o tratados de libre comercio con el mayor número de países del mundo. Y aunque seguimos avanzando en la perspectiva de lograr un acuerdo con estados Unidos, no queremos girar alrededor de un solo país. En febrero entra en vigencia el tratado de libre comercio con Canadá, ya hemos firmado el acuerdo de asociación con la Unión Europea, están las negociaciones con Corea del Sur y con Panamá, se van a iniciar conversaciones con Venezuela en materia comercial y está la perspectiva de Japón y China.
Al decir que no se quiere depender de un sol país ¿es un mensaje a Estados Unidos?
Es un mensaje y ellos son conscientes de él. Colombia ha aprendido mucho después de los que nos pasó con la no aprobación del TLC con ellos, lo cual nos enseñó a diversificar la agenda de exportación y a buscar nuevos mercados. Hoy estamos procurando socios comerciales en todos los países del mundo.
¿Qué dicen sus viejos amigos sindicalistas al verlo en pro del libre comercio?
Es una diferencia que hemos tenido siempre y yo estoy convencido de que a partir de abrir la economía y construir acuerdos comerciales, se puede avanzar en política de empleo y de respeto a los derechos laborales. Y que se trata de una manera también de proteger al consumidor.
¿No cree usted entonces que los tratados de libre comercio puedan afectar la generación de empleo en el país?
Al contrario, no olvidemos que en Colombia –a pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos de los últimos años– no se ha podido bajar el desempleo a cifras de un dígito.Necesitamos una política de libre comercio, eso sí, ligada a la protección de los derechos laborales porque hoy no se puede ser competitivo con empleos precarios y salarios bajos. La competitividad está ligada a la calidad de vida de los trabajadores.
Siendo así ¿no suena desalentador el que ya se hable de un incremento en el salario mínimo del 2,5 o 2,7%?
La petición al sector empresarial y sindical es que hagan todos los esfuerzos por construir un acuerdo concertado. No sería bueno que cada uno se quedara en su trinchera.
¿Qué opina de la solicitud de los sindicatos de volver a las horas extras y el recargo nocturno como estaba antes de la Reforma Laboral del gobierno Uribe?
Hay que partir de que las reformas laborales no generan empleo. Lo que genera empleo es la riqueza. Se les pueden recortar derechos a los trabajadores, pero eso no significa generación de nuevos puestos de trabajo. Deben haber mejores empleos; mejores ingresos; mayor inversión en educación, investigación, ciencia y tecnología; tener economías abiertas y obviamente que haya una población que tenga una gran demanda interna. Sin duda, todo lo que permita estimular al trabajador es positivo.
¿Debería entonces echarse para atrás la reforma laboral del anterior gobierno?
Lo que creo es que en este momento se pueden encontrar entre empresarios, trabajadores y gobierno mecanismos para estimular a los trabajadores. Por ejemplo, personalmente pienso que la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales debería reconsiderar el tema de las cooperativas de trabajo asociado, que son un retroceso en materia de derechos laborales. Los trabajadores que están por estas cooperativas no se mueven de acuerdo a las leyes laborales sino de acuerdo al régimen comercial, y eso es un retroceso histórico. Esas cooperativas se prestan para una sobre explotación de la clase laboral.
¿Cuál debería ser entonces el mecanismo?
Debería haber una relación más directa del empresario con el trabajador, sin tanto intermediario. Tenemos que partir de que en el mundo se globalizaron no solo los negocios sino también los derechos humanos. No es posible desarrollar negocios con empresarios de otros países si al mismo tiempo no se respetan los derechos laborales, incluyendo las garantías sindicales, o si no hay un Estado que este procurando que se respeten.
¿Servirá para algo la ley del primer empleo?
Hay que tener en cuenta algo en el tema del desempleo: el último registro dice que es del 10.7% a nivel nacional, pero si se desglosa por ciudades se encuentra que en la región cafetera está por encima del 30% o que en el Valle del Cauca llega al 14%. Y al mirar el asunto por sectores, se ve que los más afectados son los jóvenes entre los 18 y los 25 años. La idea del proyecto es estimular al sector empresarial a contratar jóvenes que no pueden mostrar experiencia, lo cual implica un nivel de confianza en su capacitación. Además, la lucha por el primer empleo está ligada a la lucha por la erradicación del trabajo infantil.
Sin embargo, los sindicatos han hechos sus reparos…
Así es, ha habido un debate que precisamente tiene que ver si se hace de manera directa o a través de intermediarios. La información que tengo es que el Ministerio de Protección ha sido muy receptivo al reparo de los sindicatos. ¿Para qué hablar de primer empleo si es través de una cooperativa? El primer empleo debe ser contratado directamente.
¿Qué opina de la tesis de algunos académicos de que el salario mínimo en Colombia es muy alto en comparación con otros países de América Latina?
Uno no debe pretender igualar la pobreza. Por ese camino es muy difícil de que el país se puede desarrollar. En la medida en que se pueda mejorar el salario de los trabajadores, mejorara la calidad de vida de la población. Una economía no crece sólo con las exportaciones sino también en la medida en que se estimule el consumo interno y ello se logra dándoles a los trabajadores una mayor capacidad de compra y de demanda. El propósito del gobierno del presidente Juan Manuel Santos es disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos.
¿Qué piensa de la propuesta liberal de que las empresas que colaboraron con los victimarios tengan que pagar parte de la reparación a las víctimas?
Esa es una postura política del Partido Liberal, pero no está en la ley.
¿Pero le gusta la propuesta?
Nosotros quisiéramos no mezclar peras con manzanas. Si una empresa colaboró con los victimarios, lo que hay primero es un delito. Todo empresario que haya estado comprometido con grupos armados ilegales tiene que responder ante la justicia. Ahora, de lo que tenemos que ser conscientes es que el Estado tiene que reparar a las víctimas de la violencia. El problema es que aquí hemos sido muy sensibles y generosos con los victimarios pero no con las víctimas. Creo que lo que ha venido sucediendo en los últimos años es un cambio de actitud en ese sentido.
Una de las discusiones de la ley de víctimas tiene que ver con la reparación a las víctimas de agentes del Estado ¿cuál es su posición al respecto?
Es que las víctimas no escogen los victimarios. Las víctimas existen y son una realidad, más allá de quien fue el victimario.
¿Y si hay plata para la reparación?
Lo más importante es que existe voluntad política. Ya en lo que tiene que ver con la plata, Colombia viene destinando cerca de $1,8 billones anualmente en atención a los desplazados, una situación que no puede ser indefinida y que en algún momento tendrá que parar. Ahora, durante 15 años que está destinada la ley, vamos a destinar en promedio $3 billones anuales para la reparación, en un proceso gradual que tiene prioridades: viudas, niños, mujeres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad. Y a ello hay que agregarle la restitución de tierras. Lo que pasa es que a veces se quieren hacer juegos matemáticos para oponerse a la ley, que no corresponden a la realidad.
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que reúne a unas 200 organizaciones no gubernamentales, advirtió que si bien ha habido un cambio de lenguaje, la crisis en derechos humanos sigue vigente en el país ¿cuál es su respuesta?
Nosotros venimos desarrollando con ellos una política de diálogo, en el que también interviene la comunidad internacional, e incluso hemos planteado actuar de manera conjunta a lo que sería la Conferencia Nacional de Derechos Humanos 2011, con dos propósitos fundamentales: construir una agenda común y crear la comisión nacional de derechos humanos con la participación del Estado y la sociedad civil. El Gobierno ha fijado posturas públicas muy fuertes en contra de las amenazas y asesinatos pero este no es un proceso fácil. Toda la política del presidente Santos en materia económica, de empleo, de lucha contra la pobreza, de respeto a los derechos humanos, de seguridad y en materia internacional se viene desarrollando no en un escenario consolidado de paz, sino en un escenario todavía afectado por situaciones de violencia por parte de grupos armados ilegales. Ahora, no podemos aceptar desde el Presidente y el Vicepresidente para abajo, incluyendo congresistas, magistrados y jueces, generales de la Fuerza Pública, director del DAS –todos los que hoy ocupamos altas responsabilidades en el Estado en cualquier de los tres poderes público– el no tomar decisiones contra la criminalidad argumentando temores o amenazas. Sabemos que gobernar y tomar decisiones en un país como Colombia no es fácil, pero para eso nos escogieron o para eso nos nombraron.
¿Cómo evitar ese baño de sangre que, advierten algunos, puede generar la política de restitución de tierras?
Sabemos que estamos expuestos a hechos criminales, peores de los que han pasado en este país, porque aquí hay gente que quiere que esto fracase. En esto hay que ser claros, si me preguntan ‘¿Angelino, usted garantiza que no vuelve a haber muertos? Yo no puedo hacerlo y soy consciente que el camino será duro y difícil, y que vendrán provocaciones y acciones criminales muy fuertes para sabotear eso.
Y más allá de las bandas criminales ¿cree que hay sectores políticos con esa intención de sabotear?
No me atrevo a hacer afirmaciones pero quiero decir que este no es un camino fácil y que hay gente que el escenario de la violencia le ha sido bastante favorable. A ningún grupo armado ilegal le conviene que esto funcione y esos grupos armados ilegales están en capacidad de hacer cosas horribles y estamos viendo que son capaces de asesinar a unos campesinos por recibir un título de tierras. Por eso hay que alertar a la sociedad a cerrar filas contra ellos. Necesitamos la unidad entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional para enfrentar esa criminalidad organizada que siente amenazados sus intereses y que van a tratar de reaccionar haciendo las cosas más horribles. Pero además, hay otros sectores legales que consideran que es mejor seguir polarizados porque allí es donde ganan.
¿Qué sectores?
No me ponga a decir nombres. Sólo le digo que hay algunos sectores legales en la vida democrática a los que les da mucho temor reconocer avances y les da temor coincidir con el otro o ir de la mano con el Gobierno nacional. No entienden que en el camino del diálogo y del entendimiento es más importante la institucionalidad que las personas. En el camino de la polarización, son más importantes las personas que las instituciones.
¿Conoció la carta de los diputados ingleses pidiendo la liberación de cinco presos políticos en Colombia, entre ellos el profesor Miguel Ángel Beltrán?
Conozco la carta y me parece que es descomedida con la institucionalidad colombiana. Estamos hablando de personas que están detenidas, acusadas por la Fiscalía y arrestadas con orden de un juez. No ha habido ninguna arbitrariedad y no están detenidas por orden del Ejecutivo, que lo que ha pedido incluso es que se les garantice el debido proceso. ¿Qué tal que nosotros le mandáramos una carta al primer ministro del Reino Unido pidiéndole la libertad de una persona detenida allá?