Con un ambiente enrarecido por cuenta del falso comunicado de las Farc del viernes pasado —en el que supuestamente se expresaba su respaldo al proyecto de marco legal para la paz—, la Comisión Primera del Senado aprobó anoche, por 13 votos a favor y uno en contra (el del uribista Juan Carlos Vélez), la iniciativa que busca darle herramientas jurídicas al Gobierno en futuras negociaciones de paz con grupos armados al margen de la ley.
Ahora, el proyecto será discutido en el octavo y último debate en la plenaria del Senado. Una sesión precedida de propuestas polémicas y discrepancias con el Gobierno, como ocurrió anoche.
La idea más controversial: la planteada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sobre quiénes deberían ser los beneficiados por la norma. En su concepto, en términos de rigor jurídico, la figura de ‘agentes del Estado’ no forma parte del contenido de la Constitución, por lo cual considera que son los “funcionarios públicos” quienes deben estar contemplados en la ley como beneficiarios de los mecanismos de justicia transicional que plantea el marco legal para la paz.
Y acto seguido se dio a conocer una modificación realizada en la ponencia, en el artículo transitorio 66, que rezaba así: “Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición (…). Una ley estatutaria podrá autorizar un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los servidores públicos, en relación con su participación en el mismo”.
Una propuesta que incomodó a más de un congresista, sobre todo al senador Roy Barreras, ponente y coautor del proyecto, quien advirtió que el término ‘agentes del Estado’ es “más tranquilo, seguro y coherente con la Ley de Víctimas que ya utiliza ese término”.
Para el legislador de la U, el texto final debería aclarar que se trata de “agentes del Estado que hayan participado en las hostilidades en el marco del conflicto armado interno y, aunque resulta más largo, queda por fuera todo aquel funcionario del Estado que haya cometido delitos que no tengan que ver con el conflicto”.
Al final, la idea del ministro Esguerra no fue acogida y todas las modificaciones aprobadas tuvieron que ver con el blindaje de la iniciativa, excluyendo de los beneficios jurídicos a los miembros de las bandas criminales, a servidores públicos diferentes a los agentes del Estado, a los máximos responsables de delitos atroces y a narcotraficantes.
Según explicó Barreras, “con esta claridad estamos acogiendo las críticas y preocupaciones que se han generado frente a la posibilidad de que miembros de las bacrim o los responsables de delitos atroces, sin importar su jerarquía, reciban los beneficios de justicia transicional”.
Así, el marco legal para la paz recibió el visto bueno de la Comisión Primera del Senado y camina ahora hacia su octavo y último debate, en la plenaria de la corporación. Todos los partidos, incluyendo el Polo Democrático, le dieron su apoyo y el capítulo del falso comunicado de las Farc fue dejado de lado y nadie se atrevió a dar la discusión sobre su verdadero origen.
Consultada por El Espectador, la exsenadora Piedad Córdoba planteó su propia tesis: “Es absolutamente clara la estrategia de señalamiento y estigmatización de cualquiera que esté a favor de la salida política al conflicto. El objetivo de ese comunicado era hacer daño e impedirle al Gobierno y al Congreso hablar”.