Este martes, durante una sesión de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes –encargada, entre otras, del régimen agropecuario y de asuntos como ecología, medio ambiente y recursos naturales–, fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que le apuesta a dignificar el trabajo agropecuario.
La iniciativa, que recibió 16 votos a favor, apuesta por medidas que garanticen el trabajo decente en el sector agropecuario, focalizando y reconociendo a los pequeños campesinos como beneficiarios prioritarios del gasto social del Estado. Lo anterior, a partir de los diferentes subsidios de sus programas sociales, buscando garantizar el derecho al trabajo y la seguridad social con acceso a los mecanismos de protección social.
En ese sentido, el proyecto define como trabajo decente “a aquel que produce un ingreso digno; seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias; mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad; libertad para que la gente exprese sus opiniones; organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”.
Sumado a crear el Registro Nacional de Pequeños Campesinos Trabajadores, y de Productores Agropecuarios, la iniciativa prohíbe la intermediación laboral y la tercerización de empresas que provean pequeños campesinos trabajadores. Adicionalmente, ordena al Gobierno Nacional desarrollar un seguro para los pequeños campesinos trabajadores, que permita el aporte y pago de incapacidades por enfermedades no laborales o comunes.
Según su autor, el representante Luciano Grisales (Partido Liberal), el proyecto propone dar un paso hacia la formalización de la relación laboral entre los trabajadores agropecuarios y los pequeños o medianos productores que los emplean e incluye la prohibición de la intermediación laboral y la tercerización de empresas que provean mano de obra para realizar actividades agrícolas.
“Está dirigido a dos poblaciones diferenciales: por un lado, a los pequeños trabajadores agropecuarios que por su labor reciben menos de dos salarios mínimos mensuales y constituyen un grueso aproximado de 2′5 millones de personas. Por otro lado, a los pequeños y medianos productores agropecuarios, quienes contratan trabajadores para la ejecución de actividades agropecuarias, cuentan con una tierra y tienen un patrimonio neto en el año anterior inferior a los 1.000 salarios mínimos”, explicó.
Se establece también que deberán considerarse a los pequeños campesinos como beneficiarios prioritarios y especiales del gasto social del Estado. Lo anterior, les permitiría acceder a subsidios en campos como la vivienda, la salud o la educación. “La condición de beneficiarios de estos programas no se perderá ni siquiera cuando el núcleo familiar cotice de manera esporádica al régimen de seguridad social. Además el Gobierno Nacional deberá desarrollar un seguro que permita el aporte y pago de incapacidades por enfermedades no laborales o comunes en los casos en que el ingreso base de cotización sea inferior al salario mínimo”, precisó Grisales.