Este martes, el proyecto que busca acabar con el impuesto del 4×1000 dio su primer paso al ser aprobado por la Comisión Tercera de la Cámara. De esta forma, la iniciativa tuvo su primer visto bueno y le quedan tres debates más para convertirse en ley de la república.
Como su nombre lo dice, el proyecto tiene como fin acabar con el 4×1000, un impuesto que cobra $4 pesos por cada $1.000 que pasen por una transacción bancaria. Este ha sido un impuesto que desde su origen ha sido bastante polémico, debido a que en un principio fue destinado para el rescate de las instituciones financieras, que en el gobierno Pastrana vivieron una de sus crisis más graves.
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Aunque ya no se destina este dinero para salvar a los bancos y otras instituciones, el impuesto sigue siendo muy criticado, debido a que comenzó como un gravamen temporal, pero se sigue cobrando a pesar de que fue instaurado hace más de 20 años. Además, comenzó como 2×1000 y paulatinamente ha aumentado hasta a llegar a hoy, 4×1000.
La propuesta de la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, no quita este gravamen de inmediato, sino que lo va reduciendo de forma proporcional en un periodo de 4 años. Esto quiere decir: 3×1.000, 2×1.000, 1×1.000 y hasta que no se tenga más este tributo.
Como este impuesto implica al menos $6 billones al año, la propuesta de Miranda contempla varias formas para reemplazar esta entrada. La primera es la orden de que se cree un impuesto que afecte a los salarios que sean de $25 millones o más. Este nuevo tributo debería entrar en vigor antes del 1 de enero de 2023.
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Este impuesto sería progresivo y sería del 1% para los salarios de al menos 689 y 757 unidades da valor tributario (UVT). Desde los 557 hasta los 826 UVT se subiría al 3%, luego sería del 4% entre los 826 hasta los 909 y los superiores a los 909 tendrían que pagar una tarifa del 5%.
Según la representante Katherine Miranda, de igual modo se cubrirá el hueco que deja la eliminación del 4×1000 con la supresión de los beneficios de los beneficios tributarios a las mega inversiones. Esto, según la congresista, implicaría una entrada de $9 billones, lo que cubriría con creces el impuesto que se dejaría de cobrar.
Además de este nuevo impuesto y la eliminación de beneficios, el proyecto le daría una orden al Ejecutivo para que disponga de una comisión que estudie el tamaño del Estado y presente una reforma que permita la reducción del Ejecutivo y así ahorrar otra buena parte de recursos.