Por lo que se ha conocido en los medios, su ejercicio como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) no fue nada grato…
El Consejo es una entidad compleja, desorganizada y difícil. Tiene la doble responsabilidad de ser escenario de concertación de los partidos políticos y de controlarlos y sancionarlos, cuando sea el caso. Pero esta entidad, encargada de velar por la transparencia de los procesos electorales, no hace ni lo uno ni lo otro, entre otras razones, porque está tomada por intereses clientelistas y prácticas lamentables. No podía convivir, silenciosamente, con esa manera de entender nuestra responsabilidad institucional. Y eso me generó choques cotidianos.
¿Con quiénes?
Inicialmente con la primera mesa directiva, porque tuvo un manejo excluyente de los asuntos que correspondía tratar en sala. Luego con quienes representaban, más caracterizadamente, los intereses clientelistas. Y después con los que se oponían a cumplir los mandatos constitucionales relacionados con el Acuerdo de Paz.
Usted estuvo en esa corporación, en representación de los partidos minoritarios. ¿Sus opiniones, ponencias, críticas y objeciones eran tenidas en cuenta por la mayoría?
La sala tomaba decisiones con poca o ninguna discusión. En varios casos ocurrió que, primero, se votaban los proyectos y, luego, se acomodaban las razones a los intereses inconfesables del momento. Una cosa es el intercambio de opiniones antes de las decisiones y otra actuar con libretos prefabricados y de simulación para anular una opinión diferente, como la mía. Esa práctica negaba el principio colegiado del órgano electoral.
¿Usted se sintió discriminado?
Pues mire lo que sucedía: cuando pedía la palabra, algunos se retiraban de la sala, y solo regresaban cuando concluía mi intervención. Las comunicaciones vía Whatsapp les funcionaron muy bien para desarmar el quórum o para adoptar decisiones repentinas.
Eso que usted describe es lo más parecido a la práctica del “bullying” o matoneo; es decir, al maltrato o acoso deliberado de un colectivo en contra de uno de sus miembros para expresarle su rechazo. ¿Eso pasó con usted?
Exactamente eso fue lo que sucedió.
¿Quiénes se retiraban de la sala cuando usted tomaba la palabra?
No me interesa dar nombres, porque no se trata de personalizar quejas sino de defender la institucionalidad. Esa actitud la tomaban algunos, en ocasiones, dependiendo de los temas; y después, otros actuaban igual por asuntos diferentes. Tal conducta reflejaba, para mí, el ofuscamiento de quienes, escuchados los argumentos, no podían controvertirlos. Se trataba de un comportamiento patán, grosero, descalificador y hasta insultante en algunas ocasiones.
Me parece increíble que quienes se consideran “magistrados” se comportaran como miembros de banda de barrio. ¿El CNE es ineficiente, inoperante y corrupto?
Es como un animal dormido que solo se despertaba cuando debía proteger ciertos intereses del poder. Basta mirar los casos de Odebrecht, de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto; la revocatoria del mandato en Bogotá, y lo sucedido con la Alcaldía de Cartagena. En promedio, la sala sesionaba unos tres días al mes. No existía planeación del trabajo ni cronogramas de actividades. Tampoco se rendían cuentas, y los resultados de los procesos eran nulos. En los escrutinios no se contó con una herramienta adecuada para resolver las reclamaciones a pesar de que fueron asignados unos recursos. Y se habrían presentado conductas cuestionables de algunos consejeros.
¿Como cuáles?
Había prácticas oscuras como la que deduje de un lenguaje callejero que se escuchaba a veces. Como cuando alguien usó la expresión “vómito negro” que, por lo que pude interpretar, de acuerdo con el contexto, consistía en que había que devolver dineros de comisiones que, supuestamente, se habrían cobrado a unos investigados.
¡Es escandaloso!, Pero permítame me devuelvo un poco para preguntarle: ¿cómo así que solo sesionaban tres días de 30, de los cuales al menos 22 son hábiles? ¿A qué se dedicaban?
La mayor parte del tiempo, a cultivar relaciones políticas con el Congreso. Pasaban más horas en el Capitolio que en el CNE. Recuerde que quienes integramos esa Corporación tenemos la facultad de investigar y sancionar a los congresistas. Claramente, esa es una actividad incompatible con el cargo.
¿Es cierto, como se ha dicho, que cuando se discutían investigaciones de hondo calado político como el de las campañas de Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014, por el ingreso de dineros de Odebrecht, las discusiones no se hacieron en sala, como corresponde legalmente, sino que existían unas salas paralelas en las que 4, 5 o 6 miembros se ponían de acuerdo para llegar a la plenaria con decisión prefabricada?
El caso de Odebrecht en el CNE es un capítulo aparte. La mayoría de las discusiones sobre este asunto no está registrada en las actas porque, explícitamente, se tomó la decisión de que así fuera. Como fui recusado en este caso como en muchos otros, me tocó hacerle seguimiento al tema desde afuera y encontré que el rastro escrito de las deliberaciones en las actas, era marginal. Si existen, solo hay unas pocas referencias.
¿Las recusaciones contra usted aprobadas por sus colegas eran otra forma de discriminarlo y de sacarlo de las discusiones sobre los temas más significativos?
Claro que sí. Cuando leí la noticia de que los tres magistrados de la Corte Suprema que investigan a un expresidente habían sido recusados, pensé en el cúmulo de recusaciones que había en mi contra, en el CNE.
Ya que menciona actas, ¿estas se levantaban siempre que había sala y en ellas se registraba, rigurosamente, lo que se había discutido?
No. Me enteré que cuando me retiraba de la sala debido a alguna de las recusaciones que se me impusieron se daba la orden de apagar la grabadora para que no quedara registro de lo que allí se decía. Solo cuando regresaba, se volvía a activar.
No sé si eso podría constituir una ilegalidad pero si no, al menos, es una conducta sospechosa. Con base en lo que vivió, las investigaciones por los dineros entregados por Odebrecht a las dos campañas presidenciales de 2014, ¿fueron ajustadas a derecho?
El CNE confundió, deliberadamente, la investigación penal con la de naturaleza administrativa electoral que le correspondía adelantar. Aunque la Fiscalía concluyó “certeramente” como dijo el fiscal delegado, que ingresaron dineros de esa constructora a las campañas, en el CNE no hubo ni siquiera un llamado de atención a los candidatos, a sus partidos y equipos de gerencia. Se le dio una interpretación a la caducidad de la facultad sancionatoria con el fin de no investigar una campaña presidencial y, al mismo tiempo, le encontraron, a esa norma, otras 17 interpretaciones para poder absolver la otra campaña.
En el caso del partido de las Farc -al que dos de los miembros del Consejo, el liberal Emiliano Rivera y la uribista-conservadora Gloria Gómez, le formularon acusaciones en público sobre el presunto mal manejo de los dineros entregados para su funcionamiento-, ¿hubo discusiones formales sobre el tema o simplemente se soltaron esas consejas y no se llegó a ninguna conclusión?
A la Corporación llegó una queja por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos girados por el Estado a esa nueva agrupación política, a título de anticipo para la campaña al Senado. A esa queja le siguió una estrategia mediática de desinformación originada en el CNE. Por reparto, me asignaron el conocimiento del asunto; se estableció lo ocurrido y presenté, desde el mes de mayo, un proyecto de apertura de investigación. Sin embargo, no pusieron el tema en el orden del día y la sala no adoptó ninguna decisión a pesar de mi insistencia y de que la Fiscalía indagó, varias veces, por el caso.
Es raro. Recuerdo perfectamente la insistencia de Gómez y Rivera en prejuzgar a los miembros del nuevo partido. Y al final no se supo nada. ¿Cree usted que, más bien, se trataba de una orden de los jefes políticos que se oponían al Acuerdo de Paz de Santos?
Puede ser. En todo caso, las personas que usted menciona y otros miembros del CNE bloquearon la decisión de abrir investigación formal sobre el caso, que era lo que proponía.
¿Solo les interesaba hacer el escándalo?
Pareciera que sí y que la idea era no llegar a una conclusión bien fundamentada, fuera en el sentido que fuera.
Sobre la negativa a concederle la personería jurídica al movimiento Colombia Humana, del senador Gustavo Petro, ¿la interpretación estrecha de las normas solo se aplicó, de nuevo, para la oposición?
El CNE no tuvo en cuenta la reforma constitucional de 2015 y las garantías que establece el Estatuto de la Oposición. Esa decisión deja al movimiento Colombia Humana sin los derechos que tienen todos los partidos con personería, como: su financiación, el acceso a los medios de comunicación y espacios institucionales, el derecho a otorgar avales para las elecciones nacionales y regionales y los demás específicos para los que no están en las coaliciones gubernamentales. Pero esa decisión es, a mi juicio, insostenible porque afecta al segundo candidato en votos a la Presidencia que, pese al volumen del apoyo popular que obtuvo, quedó en situación de desventaja frente a todos los demás congresistas. El Consejo Electoral hizo primar el formalismo sobre el fondo de los principios de la Constitución del 91.
El CNE tiene un presupuesto asignado ¿Quién o quiénes se encargan de manejarlo, distribuirlo, administrarlo y rendirle cuentas a la sala?
Según la Constitución, el Consejo Electoral tiene autonomía administrativa y financiera. Pero en la práctica, quienes decidían sobre la destinación de esos recursos eran los miembros del grupo que mantenía el poder interno, sin rendirle cuentas a nadie ¿Por qué se contrató, en forma extemporánea, una auditoría externa a los recursos de financiación estatal? Nadie lo sabe a pesar de que lo preguntamos en sala. Paradójicamente, tener una presidencia interina, en el último año, sirvió para que se informara con más detalle, sobre la ejecución presupuestal.
El Consejo tiene la función de distribuir las partidas que el Estado otorga a los partidos y de repartir los aportes oficiales a las campañas para el financiamiento de las mismas. ¿Los nueve consejeros electorales deciden cómo, cuánto, cuándo y a quiénes les dan esos recursos?
Deben diferenciarse los recursos que reconoce el Estado para el funcionamiento de los partidos, de los recursos por reposición de votos. Para las elecciones de 2015, se calculaba que el Ministerio de Hacienda, por reposición de votos, debía girar $140 mil millones. En un estudio que hizo mi despacho, se encontró que el Fondo de Financiación, sin ningún protocolo, dio prelación a las cuentas de los partidos mayoritarios y solo después, a las cuentas de los verdes, el Polo y el Mira. El partido más beneficiado con esa distribución caprichosa fue la U, a la que, para junio de 2017, le habían reconocido alrededor de $1.600 millones, es decir, el 88,4 % de las sumas destinadas a asambleas departamentales.
Usted y otros analistas han dicho que el Consejo Electoral, tal como funciona hoy, no da garantías democráticas. ¿Es posible aprobar una reforma de fondo de este organismo en el Congreso compuesto por los mismos partidos que se benefician del terrible panorama que usted pinta?
El CNE es una entidad funcional a los intereses de los partidos mayoritarios y obedece a una lógica puramente transaccional y clientelista. La reforma debería incorporar una nueva categoría: la del poder ciudadano. Los resultados de la consulta anticorrupción deberían interpretarse como un mandato para transformar, también, la organización electoral y el Consejo, en particular. Hace poco, el actual gobierno presentó un proyecto de reforma de esta corporación que no solo es insuficiente sino peligroso.
¿Por qué?
Porque le amplifica sus poderes sin restarle clientelismo ni capacidad de manipulación.
¿Cuáles son los puntos fundamentales de una reforma que verdaderamente democratice el Consejo Electoral?
Lo deseable sería cambiar el origen de su conformación y reemplazarlo por un proceso de selección objetiva que tenga en cuenta las calidades profesionales y académicas de los candidatos. Pero si esa opción no tiene la posibilidad de concretarse de inmediato, debería, al menos, mejorarse el cumplimiento de algunos principios de gerencia pública a través de la planeación de sus procesos, el diseño de una administración financiera por fuera del control clientelista y la adopción de una carrera administrativa con estabilidad en su planta de personal. Y, sobre todo, debería exigirse una rendición pública de cuentas.
¿Es posible derrotar el clientelismo del Consejo sin la colaboración de los poderosos beneficiarios del mismo o se requerirá otra consulta anticorrupción?
Esa consulta ya se produjo el domingo pasado. Sin un poder electoral independiente y autónomo de los partidos y el Gobierno, las medidas anticorrupción tendrán un efecto muy limitado, pues, además de los aspectos culturales, está demostrado que la madre de todas las corrupciones es la que nace de los procesos electorales, de los cuales el CNE es protagonista de primer orden. Cuando el árbitro está afectado por los mismos vicios de los sujetos a quienes controla, se entra en el peligroso terreno de una crisis de legitimidad.
¿El CNE solo es fuente de corrupción?
Esa pregunta se resuelve al examinar los beneficiarios de algunas de sus decisiones. Hay que decir que no todas ellas obedecen a una patología clientelista. A veces se toma distancia. Pero sospecho que cuando eso ocurre, es porque así lo quieren quienes tienen el control.
¿Qué quiere decir?
Que no todas las decisiones del CNE son cuestionables. Algunas son acertadas, pero sospecho que cuando eso ocurre se debe a que quienes están detrás del poder de los consejeros, lo permiten por algún interés momentáneo.
“Casi fui linchado por unos de mis compañeros”
¿Es verdad que usted también fue humillado e insultado por los otros consejeros?
Hubo episodios fuertes. A mediados de 2017, casi fui linchado por unos de mis compañeros. Se debió a que El Tiempo publicó una información sobre el rendimiento administrativo de la Corporación en que se decía que el trabajo semanal, en sala, no era superior a una o dos horas. Los insultos y la invitación a que nos fuéramos a las manos, no se hicieron esperar. Luego, a pesar de la resistencia de varios consejeros, tuve que ingresar una grabadora para que quedara constancia de todo lo que allí se decía. En algunos casos, la única opción que tuve, fue la de compartir con los medios lo que estaba pasando. Pero, al final, estoy agradecido porque esos episodios me dejaron enseñanzas de vida.
¿Alguien hablaba con usted en el CNE, en esos cuatro años de “tortura” psicológica?
Tenía que buscar aliados circunstanciales pero está claro que yo no iba a hacer amigos allá. Los otros consejeros eran cercanos entre sí, en el trabajo y en sus actividades sociales. De manera que cuando yo conversaba con alguien, se debía al ejercicio de mis funciones, no a razones de amistad.
“CNE: una ecuación casi imposible de conjugar con equilibrio y neutralidad”
Parece imposible esperar garantías de un organismo como el Consejo Nacional Electoral frente a reclamos en los escrutinios, demandas, solicitudes de personerías jurídicas e investigaciones, sobre todo, los de los partidos de oposición…
Agentes de los partidos tradicionales revestidos de un enorme poder de control electoral, constituyen una ecuación casi que imposible de conjugar con las características de equilibrio y neutralidad con que deben actuar quienes ejercen como autoridad de vigilancia. Le pongo ejemplos: a los partidos minoritarios les impusieron drásticas sanciones que solo se modificaron cuando se propuso que, en condiciones similares, también se les aplicaran a los partidos mayoritarios; la decisión de darle o no personería jurídica a Colombia Humana, se mantuvo sin resolver durante varias semanas y se tomó la decisión de negársela, un día antes de terminar el período; el desembolso de recursos a los partidos es selectivo y discriminatorio; y, en cuanto al propio concepto de oposición, culturalmente este producía alergia a quienes controlaban el Consejo pues, en esa categoría, no solo se incluía a los partidos que la ejercían legítimamente, sino a entidades tan respetables como Transparencia por Colombia y la MOE.
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