Este martes, la agremiación Asocapitales lanzó un comunicado con el que hace un llamado a respetar los derechos de todas las partes dentro de los procesos revocatorios que se están llevando a cabo en diferentes ciudades del país.
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“Consideramos imperioso que la ciudadanía y las entidades del Estado tengan en cuenta que los alcaldes contra quienes se adelantan procesos de revocatoria de mandato son ciudadanos colombianos, a quienes se les deben garantizar plenamente sus derechos fundamentales”, se lee en un apartado del comunicado.
En ese mismo sentido, la agremiación recordó que los mandatarios locales son la contraparte de dichos procesos y, por ende, se hace necesario permitirles “expresar sus posturas frente a argumentos de los comités promotores y usar los medios que consideren adecuados para defenderse de las razones con base en las cuales se pretende dar por terminado su mandato”.
Alegan que proteger estos derechos a los alcaldes, como a los promotores de la revocatoria, contribuye a la garantía del derecho a la información de la ciudadanía, que, a su juicio, “podrá contar con una opinión informada sobre la gestión de la administración municipal o distrital si puede conocer y reflexionar sobre los argumentos de cada una de las partes del proceso de revocatoria de mandato, contribuyendo, además, a la materialización de los principios de la democracia participativa y la soberanía popular”.
Este llamado lo hacen, explican en su comunicado, reconociendo la revocatoria como un derecho de la ciudadanía y como una herramienta de mecanismo de participación, que “contribuye a la realización de la democracia participativa, la soberanía popular y el voto programático”.
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Uno de los mandatarios que ha reportado limitación para hacer campaña en contra de la revocatoria es Daniel Quintero, en Medellín: “Procuraduría viola nuestro derecho a la defensa, al notificarnos que no podremos hacer campaña por el NO en la revocatoria. Esto vulnera la ley 1757 de 2015, la sentencia C 150 de 2015 y SU 077 de 2018. Acudiremos a instancias internacionales”, escribió en Twitter.
Efectivamente, el pasado 14 de enero de 2022, la Procuraduría solicitó al alcalde de Medellín, secretarios, gerentes y funcionarios del conglomerado público de la ciudad a “abstenerse de intervenir en actividades y controversias políticas”.
Este llamado se extiende a comportamientos como “utilizar la autoridad para ponerla al servicio de una causa política, presionar a subalternos para el apoyo a campañas, utilizar elementos del servicio público o información reservada para las actividades del proceso electoral, realizar contribuciones a partidos, difundir propaganda de movimientos, ofrecer beneficios directos o disponer del horario del trabajo para propósitos políticos”.
Ante este llamado, desde la Alcaldía se ideó una estrategia para promover el “no” de una forma indirecta. Los funcionarios de la administración municipal, incluido el alcalde, han compartido fotos con un “no +” escrito en la palma de la mano con diferentes consignas.