El Partido Conservador, la colectividad a la cual pertenece el expresidente Belisario Betancur, salió este martes en su defensa.
Frente a la petición del Tribunal Superior de Bogotá para que la Corte Penal Internacional investigue la actuación del exmandatario en la Retoma del Palacio de Justicia, el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, dijo que “estamos convencidos de la verticalidad con la que él actuó en ese momento, en defensa de la democracia y del poder judicial”.
“Lo que sucedió puso en peligro la democracia colombiana por parte del M-19 y el expresidente Betancur representaba la fuerza legítima del Estado (…) la actuación del expresidente logró reducir al M-19 y pienso que cualquier otro presidente en esas circunstancias hubiese dado la orden de no permitir que se sometiera a la justicia colombiana”, sostuvo Cepeda.
“Creemos en su verticalidad en las decisiones que impartió (…) rodeamos al presidente Betancur y creemos que actuó de buena fe, de manera correcta y en defensa de la democracia”, insistió el legislador.
Al referirse en específico a la CPI, dijo que “la Corte no tiene competencia alguna. Estos son hechos de 1985 y la Corte empezó a regir hace menos de 10 años”.
“Si hubiese alguna competencia de la CPI tampoco veo que responsabilidad pueda tener en los hechos el expresidente Betancur pues lo único que hizo fue impedir que el M-19 se tomara la justicia y pusiera en peligro la democracia”, enfatizó.
La petición del tribunal superior
El Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al expresidente Belisario Betancur para que determine su probable responsabilidad penal en la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando fue atacado por un comando armado del M-19.
Para el Tribunal es importante que la CPI conozca del caso, pues los magistrados consideraron que Betancur nunca tuvo un juicio penal con relación a los desaparecidos, sino que afrontó un proceso político que fue asumido en su momento por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
En la misma providencia el Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia en la que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado, en junio de 2010, a 30 años de prisión por desaparición forzada. La única diferencia, que no resultó ser de fondo, es que los magistrados lo hallaron responsable de la desaparición de dos de las 11 personas de las cuales no se tienen noticia desde el día de los hechos.