El Gobierno Nacional retiró el martes el proyecto de reforma a la justicia con el fin de hacerle algunos retoques y presentar uno nuevo que le garantice un mejor futuro en el Congreso. Según el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, a la nueva iniciativa se le incorporará la propuesta hecha por el presidente Álvaro Uribe, en el sentido de que la doble instancia para el juzgamiento de congresistas sea competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.
Según Valencia Cossio, se pretende también aclarar que la vigencia del acto legislativo para efectos de la aplicación de esa doble instancia sólo regirá a partir del 20 de julio de 2010, lo que de paso serviría para despejar el camino en cuanto a los impedimentos. Además, el nuevo proyecto de acto legislativo consagrará una norma que deje claramente establecido que de ninguna manera se podrán invocar los principios de favorabilidad o aplicación retroactiva de sus disposiciones.
Con esta decisión, queda demostrado que los trámites de las reformas política y a la justicia y el del referendo para una segunda reelección presidencial se le han convertido al Gobierno en un dolor de cabeza. Y ya hay quienes rumoran que con esta “jugada” se trata de dar más tiempo para el trámite del referendo reeleccionista. Por cierto, ayer también se definió que no sería discutido en sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara. Ello, sin duda, implica también un palo en la rueda para la reforma política, cuya discusión inicial debe ser en la Cámara de Representantes. Ahora, la prioridad la tiene el referendo.
Lo curioso del asunto es que los mismos mensajes del Gobierno son de divergencia. Ayer al mediodía, el ministro Valencia Cossio dijo que sólo se estaba pensando en incluir en la reforma judicial lo de la segunda instancia, mientras que el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, anunciaba la posibilidad de retirar el proyecto, lo que al caer la tarde fue lo que se decidió.
Como se sabe, fue el presidente Uribe quien planteó, hace algunos días, que no se podía quitar el carácter “supremo” a la Corte Suprema y pidió dejar que la primera y segunda instancia en el juicio a los legisladores se quedara en el Alto Tribunal. “Queremos invitar al Congreso para que tanto la primera como la segunda instancia se den al interior de la Corte Suprema. Creo que con eso se preserva la naturaleza del órgano de cierre, de suprema, que sobre esta materia tiene esa Corte”, dijo el Primer Mandatario.
Al respecto, el viceministro Orozco aclaró que la primera instancia estaría en la Sala de Casación. “Esta instrucción la plasmaremos en el nuevo texto de iniciativa de acto legislativo que se le presentará al Congreso”, indicó. El nuevo escenario fue tomado con cautela por senadores y representantes. Según el senador Samuel Arrieta, presidente de Convergencia Ciudadana, los cambios y el retiro de la reforma a la justicia son algo así como una cirugía de corazón abierto para tratar de salvar un proyecto que está agónico: “Lo que se ha dicho es que se presente la reforma con los ajustes que tienen que ver con la aplicación a partir de 2010, es decir, con la doble instancia en cabeza de la Corte Suprema”.
Por su parte, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya consideró como acertada la decisión de sacar la actual iniciativa y hacerle algunos retoques. En su concepto, no se puede perder la oportunidad de hacer una reforma a la administración de justicia con temas medulares, uno de ellos, según explicó, lo que tiene que ver con la “cultura procesal”. Sin embargo, Enríquez Maya hizo un nuevo llamado para que se trate de concertar la nueva reforma con las altas cortes.
Otros, como el senador Juan Carlos Vélez, del Partido de la U, no ven la necesidad de que el proyecto sea retirado, teniendo en cuenta que ya se ha avanzado significativamente en las ponencias. Y por los lados de la oposición, el representante a la Cámara Germán Olano, del Partido Liberal, opinó que el retirar la iniciativa es un derecho que tiene el Gobierno. “Por lo visto hay que hacer una gran cantidad de modificaciones y el texto actual no responde a los requerimientos que se necesitan”, enfatizó.
Lo que se nota a todas luces es que el Gobierno sigue buscando darle oxígeno a un proyecto que, según algunos legisladores de la oposición y del mismo uribismo, se encuentra hoy en estado crítico, bien sea por el tema de los impedimentos, porque el tiempo está medido o por los cambios que hay que hacerle, con los que se busca que todos —Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial—, queden contentos.