Las altas cortes, el Congreso de la República, el Gobierno y hasta la Fiscalía han aprovechado el trámite de la reforma a la justicia para presentar sus pliegos de peticiones y, hasta ahora, es poco lo que se ha hablado del fin principal de la iniciativa: lograr que en Colombia haya una justicia pronta, cumplida y a la que tengan acceso todos los ciudadanos. Y aunque en las dos iniciativas acumuladas —la presentada por el Gobierno y la del Consejo de Estado— plantean mecanismos para descongestionar los tribunales, la primera semana de debate se fue en la discusión de las necesidades de cada quien.
Consejo de Estado
En su exposición de la reforma, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, destacó la necesidad de que el Gobierno disponga de un presupuesto suficiente para el funcionamiento e independencia de la Rama. Incluso, el texto radicado plantea que “a la Rama Judicial se le asignarán, en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, los recursos necesarios para que la administración de justicia se mantenga al día, se garantice el acceso oportuno y eficiente a la misma, y se atienda su demanda sin dilaciones”.
Y agrega en un parágrafo: “Con el fin de garantizar su autonomía, la participación de la Rama Judicial en el Presupuesto de cada año, incluida la totalidad de los gastos e inversiones, no podrá ser inferior al 5% del mismo, porcentaje que en ningún caso podrá ser disminuido y no incluirá el presupuesto que se asigne a la Fiscalía General de la Nación”. Según las cuentas del Gobierno, las finanzas del Estado no resistirían un aumento presupuestal de este tipo y esta solicitud implicaría un aumento presupuestal de cerca $8,8 billones de un año a otro.
Corte Suprema de Justicia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, también llamó la atención sobre el presupuesto que debe recibir la justicia y advirtió que si hay congestión en los tribunales del país, esto obedece a que el Ejecutivo ha tratado a esta rama como a la cenicienta del Estado: “Eso es responsabilidad en gran parte del Estado, que no ha garantizado los medios económicos para que la justicia se preste al día y de manera pronta y eficaz”, afirmó.
Fiscalía General de la Nación
La fiscal general, Viviane Morales, se manifestó abiertamente a favor de que sea esta la entidad que asuma las investigaciones contra los congresistas y que el juzgamiento se lleve a cabo en la Corte Suprema de Justicia porque, dice, es un planteamiento acorde con los pilares del derecho internacional. Pero también manifestó sus peticiones.
Según explicó, la Fiscalía tiene un evidente déficit para poder cumplir con sus funciones de investigación y acusación, y para evacuar los procesos represados se requieren al menos 1.000 fiscales más y 3.000 investigadores. Para cumplir con esta solicitud, el Gobierno tendría que disponer de un millonario presupuesto.
Congreso de la República
Los legisladores también tienen sus intereses personales en el trámite de la reforma. La prioridad es garantizar la doble instancia en su juzgamiento y, frente a eso, ya hay acuerdo. Incluso, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sostiene que esta es una “garantía” que deben tener todos los ciudadanos.
No obstante, han surgido singulares iniciativas que buscan evitar que los congresistas sean objeto de órdenes de captura en su contra: la inmunidad parlamentaria y la autorreforma a la Comisión de Acusación, que en sus contenidos plantean claramente que la detención de un parlamentario sólo se podrá dar hasta que haya una sentencia judicial en firme.
Consejo Superior de la Judicatura
La participación el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, tiene como principal objetivo mantener la vigencia de esta alta corte, porque la propuesta del Gobierno apunta a su eliminación y la del Consejo de Estado bajarle el estatus. Lizcano afirma que es necesario que se mantenga el Consejo con su estructura actual, porque es el encargado de “disciplinar a los funcionarios que emiten sentencias judiciales” y sostiene que “se ha manejado de forma adecuada” el reducido presupuesto que se le asigna a la Rama.
Procuraduría General
Para el titular de este organismo de control, Alejandro Ordóñez, es un error tratar de cambiar la forma de escoger al procurador: “Si se le otorga exclusivamente al presidente la integración de una terna, estaría decidiendo quién va a ser el funcionario que lo investigue”, advirtió.
Pero la sentencia más clara del procurador se relaciona con el interés de fondo de la reforma: la descongestión judicial. “El texto que se está discutiendo no rompe la espina dorsal de la congestión que actualmente sufre el país en los despachos judiciales. Para afrontar este problema no se requiere la reforma constitucional, se requiere diseñar medidas suficientemente audaces”, afirmó Ordóñez.
Planteamiento que es reconocido por el ministro Esguerra, quien al exponer los pormenores del acto legislativo concluyó que la reforma “no es la solución total a los problemas que hoy enfrenta la justicia”.