A propósito de los numerosos casos de periodistas procesados por injuria y calumnia, y del proyecto de ley que cursa en el Congreso para despenalizar esos delitos y que su única sanción posible sea la económica, varios analistas debatirán este martes en la tarde, en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en Bogotá, el polémico tema de la libertad de expresión cuando se ve enfrentada al derecho a la honra y al buen nombre.
Al evento, patrocinado por El Espectador, asistirá como panelista el representante a la Cámara por Cambio Radical Roy Barreras, autor de la iniciativa que pretende evitar que los llamados “delitos de opinión” se paguen con cárcel. Barreras propone en cambio que el ofendido y su supuesto ofensor tengan que llegar a una conciliación económica. El legislador argumenta que en un país como Colombia la libertad de prensa no sólo es valiosa, sino vital, y por ese motivo debe prevalecer sobre “las otras libertades y derechos”.
La propuesta, que pese a haber sido radicada hace un mes, no ha podido ser discutida en primer debate debido al trancón legislativo, es aplaudida desde varios sectores y especialmente recibe el apoyo de periodistas como Alfredo Molano, columnista de este diario, quien desde hace varios meses enfrenta un proceso penal por injuria y calumnia. “La opinión no puede tener pena ni ser una causa criminal”, dice.
Pero de otro lado, también se escuchan voces como la del secretario de Prensa de la Casa de Nariño y ex decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de la Sabana, César Mauricio Velásquez, quien opina que la cuestión debe ser examinada “con mayor detenimiento”. En su concepto, sería bueno que el país mirara experiencias de “naciones desarrolladas como Estados Unidos, en donde la sanción económica para estos delitos es bastante considerable. Así, a mayor castigo económico, menos casos de injuria y calumnia, y más autocontrol por parte de los medios”.
Sin duda, el tema preocupa a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que, en varias ocasiones, ha llamado públicamente la atención de los medios hacia los casos de los periodistas demandados por sus opiniones, entre ellos Pascual Gaviria y Salud Hernández Mora, y otros como el director de la revista Semana, Alejandro Santos, quien enfrenta una posible sanción de cárcel por supuestamente haber desobedecido a un juez que le ordenó rectificar una información.
“Inquieta que, en buena parte de los casos, los periodistas son demandados por sus opiniones”, expresó Carlos Cortés, director de la FLIP.
En opinión de Cortés, el proyecto de Barreras no modifica mucho las normas que ya existen, pues la injuria y la calumnia son excarcelables.