Quienes estén pensando en ser candidatos en las elecciones locales y regionales de octubre próximo, inscribiéndose por firmas, lo mejor es que antes de dar ese paso saquen calculadora y hagan cuentas. Una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que será promulgada esta semana, eleva de forma vertiginosa el costo de las pólizas para la inscripción de quienes aspiren a cargos de elección popular por movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos.
Así las cosas, para Bogotá o departamentos con más de 700 mil habitantes, se tiene que contar con que la póliza tendrá un costo cercano a los $270 millones, que deben ser respaldados en efectivo o con bienes inmuebles. Hace cuatro años el valor era de $100 millones. Y según el mismo CNE, muchos de quienes empleaban esta alternativa para lanzar sus aspiraciones, al no salir elegidos, nunca entregaban las cuentas. Además, en los comicios de hace cuatro años se presentaron más de 270 listas de este tipo, lo que hizo más complejo el trabajo para la organización electoral.
Las críticas a esta decisión no se hicieron esperar. El primer candidato que se inscribirá por firmas a la Alcaldía de Bogotá que será Hernando Carvalho, advirtió que se trata de una jugada de los partidos tradicionales para cerrar espacios. “Por eso buscan hacer más compleja la participación. Los miembros del CNE son militantes de partidos y lo que hacen es cerrar los espacios democráticos y de participación, pero a nosotros nos da más vigor”, señaló.
En el mismo sentido se refirió la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez, quien antes formó parte del movimiento significativo de ciudadanos Por la Bogotá que Queremos: “Esa es una medida que coarta la posibilidad democrática de los ciudadanos. Los movimientos significativos permiten que si una persona no logra interpretarse a través de un partido tiene la posibilidad, con otros ciudadanos, de organizarse y presentar su candidatura”.
Pese a la molestia, el ex presidente del CNE, Marco Emilio Hincapié, explicó que desde hace años se ha venido trabajando en una democracia más fuerte, con partidos más sólidos y estructurados: “El efecto de esta medida sencillamente es que se disminuyen al máximo los movimientos de grupos significativos de ciudadanos y se fortalecen los mecanismos internos de los partidos, como las consultas y en las elecciones se va a disminuir enormemente el número de candidatos”.
Hincapié agregó que él, como ex magistrado del CNE, notó cómo la proliferación de candidatos inscritos por firmas hace más complejo el escrutinio, el diseño de los tarjetones y hasta la rendición de cuentas. “Quien quiera participar y considere que cuenta con el respaldo de la ciudadanía, se puede vincular a un partido y competir en una consulta. Si es derrotado es porque realmente no tenía el apoyo que creía”, aseguró.
Pero la resolución en cuestión no sólo contempla restringir la inscripción de candidatos en grandes capitales y departamentos importantes. En municipios con más de 100 mil habitantes y departamentos con menos de 700 mil, la póliza tendrá un valor de 400 salarios mínimos, es decir, $214 millones. En las pasadas elecciones costaba $77 millones.
Además, con el fin de evitar la rebeldía de líderes comunales, aspirantes a la Alcaldía en pequeños municipios, concejales y hasta ediles frente a las colectividades en las que militan, se estipulará que quienes busquen llegar a estos cargos con el respaldo de firmas deben contar con pólizas de $107 millones. Antes se pedía sólo entre $5 y $38 millones.
Tan complejo resulta este aumento que, según Gilma Jiménez, acceder a una póliza es muy difícil, porque el candidato tiene prácticamente que empeñar el capital con que cuenta, se queda sin plata para hacer campaña y el riesgo mayor de no alcanzar el porcentaje de votos que contempla la norma para recibir reposición. Del mismo modo, pese a contar con el dinero o el respaldo en bienes inmuebles, en ocasiones las aseguradoras se niegan a aceptarlos porque no ven viables las candidaturas.