Tras los reiterados incumplimientos en la atención de la población penitenciaria en el país por parte de la Empresa Prestadora de Servicios de Salud Caprecom, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que será finalizado este convenio.
“En este contrato ha habido fallas, las hemos detectado, estamos buscando generar contratos con otras EPS pero la solución no se puede tomar de forma inmediata, porque con la compleja situación que enfrenta el sector salud en general dificulta la posibilidad de encontrar quién preste ese servicio”, dijo Correa.
Haciendo referencia a los pagos que ya ha realizado el Estado a la EPS, la ministra afirmó que deberá “realizarse una liquidación para verificar que servicios sí se han prestado y, de existir un saldo, tendrán que devolverlo a nuestra unidad de servicios carcelarios”. Sin embargo, Correa afirmó que no se puede tomar la decisión de cambiar el operador de forma irresponsable.
Por otro lado, la ministra reconoció que se están tomando medidas para tratar de manejar la crisis de hacinamiento carcelario, como el traslado de presos en los diferentes centros de reclusión, pero que no habrá medidas de fondo en el corto plazo. “Estamos hablando de un tema de una complejidad mayúscula, no me puedo sacar los nuevos centros penitenciarios de la manga, no existen, tenemos que trabajar con lo que tenemos, por eso hemos tomado la decisión de implementar lo más rápido posible las solicitudes de libertad condicional”, afirmó.
Sin embargo, fue clara al señalar no se presentará una liberación masiva de detenidos. “Lo que hemos decidido es enfrentar el hacinamiento, aplicando las normas vigentes que permiten a quienes han cumplido dos terceras partes de la condena, solicitar la libertad condicional, pero serán los jueces quienes concederán esos beneficios”.
Este planteamiento fue acompañado por el presidente del Senado, Roy Barreras, quien afirmó que es claro que “no habrá una salida masiva de miles de delincuentes condenados, lo que habrá será una revisión juiciosa que permitirá, a quienes ya tienen derecho, regresar a sus viviendas a cumplir lo que resta de sus condenas”.