Fueron necesarios más de 50 días de enfrentamientos, discusiones sin avances y un bloqueo que ya tenía en situación de desabastecimiento y crisis humanitaria a los municipios que forman parte de la región del Catatumbo, para que se abrieran las vías del diálogo entre el Gobierno y los campesinos que protestaban por una compleja situación social fruto de décadas de abandono de parte del Estado y de la presencia de todos los actores del conflicto armado, cuyo principal insumo es la producción y el tráfico de estupefacientes.
Ayer los campesinos del Catatumbo se comprometieron a desbloquear la vía entre Tibú y Cúcuta, un acto con alto contenido simbólico, pues no son sólo las vías carreteables las que se abrieron. Tal como señaló el vicepresidente Angelino Garzón, “el próximo lunes el Gobierno debe actuar, honrando su palabra, nombrando la comisión para comenzar a trabajar sobre las solicitudes presentadas por campesinos”. De este modo empezará un diálogo centrado en la sustitución de cultivos para uso ilícito y la declaratoria de la zona de reserva campesina.
Así lo manifestó Juan Carlos Quintero, uno de los líderes de la protesta, quien dijo que “defendemos la zona de reserva campesina como alternativa legítima de protección y de la vida campesina. En la zona enmarcamos nuestra voluntad de sustitución de cultivos de uso ilícito, controvertimos las políticas minero-energéticas, de seguridad, de derechos humanos, y en general el modelo de desarrollo que se nos impone, y proponemos uno basado en la sostenibilidad”.
El mandatario Santos, a través del vicepresidente Garzón, les aseguró a los pobladores del Catatumbo que su compromiso es con el diálogo para convertir a la zona en una región de paz. Compromiso que ratificó desde Bogotá al señalar que “si levantan el paro estamos dispuestos a sentarnos a negociar sobre cualquier tema. No hay temas vedados”. Agregó que “se está estudiando la posibilidad de hacer un plan piloto sobre cómo sería el futuro de paz en esa región que ha sido tan asediada por la violencia”.
No obstante, la preocupación entre los pobladores persiste por el temor de que existan represalias de parte de la Fuerza Pública, por eso los cerca de 2.000 manifestantes que se dieron cita en el Pacto Social por el Catatumbo pidieron garantías de seguridad. El Gobierno, representado en la comisión mediadora por el vicepresidente Garzón, afirmó que “sería una injusticia que entraran el Ejército y la Policía a irrespetar a los campesinos cuando han tomado la decisión de poner fin a este bloqueo de manera libre y voluntaria”.
Las vías del diálogo están abiertas, pero viene lo más complicado: lograr un acuerdo que represente una salida a décadas de abandono estatal. Al respecto Olga Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), dijo que “el evento tiene un valor simbólico, expresa la vigencia de la lucha campesina. Queremos dejar claro que levantar los bloqueos no significa que estamos entregados y menos que el paro se ha levantado. Significa que hemos depositado la confianza en el Gobierno para entablar un diálogo sin temas vedados, como prometió el presidente. Espero que esto trascienda para impulsar los profundos cambios sociales que necesitamos”.