En línea con las supuestas irregularidades denunciadas hace unos días durante un debate de control político, relacionadas con la configuración del censo electoral, este jueves el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) le advirtió al registrador Alexander Vega que “es improcedente” continuar con el debate de un nuevo código electoral “sin antes conocer la realidad” de dicho censo y los mecanismos de control, publicidad y vigilancia.
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En una carta dirigida al funcionario en medio de la discusión de la iniciativa, el parlamentario de oposición se declaró preocupado por el trámite del proyecto, pese a que no se han dado “los pasos necesarios para contrarrestar o corregir irregularidades y sus efectos negativos, así como para garantizar que no se sigan presentando”.
Según Cepeda, reformar el código sin haber procedido a reformar la manera en que se configura y depura el censo, no solo no tendrá ningún efecto benéfico, sino por el contrario puede traer nuevas situaciones contraproducentes que acentúen los “problemas endémicos de corrupción y fraude”. En ese sentido, recordó hechos como la aparente inflación del censo electoral y la ausencia de su debida depuración integral, así como “efectos distorsionantes” en los resultados de algunos certámenes electorales, como la consulta anticorrupción del 26 de agosto de 2018.
A ello se suman, sostuvo Cepeda, los impactos patrimoniales de ese desfase en el registro electoral, la omisión del deber de adoptar correctivos por parte de los funcionarios, y la relación que estos problemas del censo guardan con problemas estructurales de otros componentes del proceso electoral. “Pese a la gravedad de las denuncias realizadas, ninguno de los datos que presentamos en el debate fueron controvertidos por el director del Censo Electoral, delegado por usted para esa sesión”, alegó el congresista.
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En primer lugar, frente a supuestas inconsistencias e inflación del censo electoral, Cepeda insistió que hay “innumerables irregularidades” que afectan la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales del país. En ese sentido, dio cuenta de hallazgos durante auditorías de la Contraloría y el control de la propia Registraduría relacionados, por ejemplo, con 8′342.540 inconsistencias en las cédulas que hacen parte del censo electoral a corte del 14 de enero de 2019.
“Esas masivas inconsistencias han afectado los resultados de toda clase de certámenes electorales y procesos de participación popular: las elecciones de autoridades locales, de senadores de la República y representantes a la Cámara, y también las elecciones presidenciales”, sostuvo Cepeda, quien también alertó por 6.872 inconsistencias en las elecciones atípicas de La Guajira en 2016, cuando hubo fallecidos que estaban en derecho de sufragar.
Incluso, denunció que en el censo electoral existe personal activo perteneciente a las Fuerzas Militares habilitado para votar y que efectivamente ha votado violando la ley y la Constitución. “Esta situación ocurrió, por lo menos, en las elecciones de autoridades locales en 2015 y 2019. En las elecciones locales de 2015 hicieron parte del censo como habilitados para votar 84.440 militares activos”.
En segundo lugar, Cepeda manifestó que también hubo inconsistencias en la elección presidencial de 2018 por cuenta de “una indebida depuración y actualización” del censo. Puntualmente, durante la segunda vuelta, manifestó que en la mesa de un puesto de votación de un colegio en San José de Pamplona (Norte de Santander) votaron 529 personas.
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“Si se tiene en cuenta que la votación se realiza durante 8 horas, esto significa que en promedio, cada votante utilizó 54 segundos para sufragar. Esto de por sí es irreal, dado que el tiempo utilizado para los trámites ordinarios de una votación (hacer la fila, confirmar la cédula, recibir el tarjetón, votar y diligenciar y entregar el certificado electoral) asciende a varios minutos, por más expedito que sea la ejecución del procedimiento de jurados y votantes”, explicó Cepeda, señalando que en esa mesa de votación el entonces candidato Iván Duque obtuvo 426 votos y Gustavo Petro 74. Los demás fueron en blanco, nulos o no marcados.
Finalmente, el parlamentario del Polo Democrático alegó que se han celebrado lesivos contratos para el Estado que no han corregido los problemas del censo, entre ellos algunos que se han firmado desde mayo de 2018 entre la Registraduría y la Unión Temporal ID SYSTEMS EUPHORIANET, cuyo objeto es adquirir una solución tecnológica integral para el almacenamiento y gestión segura de la información del censo electoral y del Archivo Nacional de Identificación. Dichos contratos ascienden a $11.740 millones.
Sin embargo, una de las empresas que conforma la unión es ID SYSTEMS que, alertó Cepeda, ha tenido millonarios contratos con la Registraduría “que han estado plagados de incumplimientos y engaños”. Así, con base en informaciones de prensa, señaló que en las elecciones al Congreso de 2010 dicha compañía, encargada de suministrar el consolidado electoral de Bogotá, presentó un retraso significativo con relación al resto del país. Por ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó detener los escrutinios hasta que se reemplazara el software por uno más adecuado. Finalmente, la empresa delegó el trabajo a otra compañía.
A ello se suma que al comienzo de los años 90, cuando ID SYSTEMS se denominaba Erisan, firmó un contrato con la Registraduría para fabricar cédulas, y alcanzó a producir siete millones de documentos de identidad entre 1993 y 2000. Sin embargo, “una vez concluyó su contrato no entregó las claves que le permitían al Estado acceder a los millones de datos que quedaron en la memoria de sus equipos. Pasaron varios años y solo fue posible abrir estos archivos en Estados Unidos. Posteriormente se supo que información vital de los colombianos estaba llegando de forma clandestina a empresas extranjeras”.
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A ello se suma que la empresa estuvo involucrada en un escándalo de mercenarios colombianos atrapados en Bagdad en 2006. “Según se conoció, actuó como subcontratista de la multinacional de seguridad y defensa Blackwater, la cual efectuó entrenamientos militares no autorizados en Colombia y llevó a 35 mercenarios a Bagdad, a quienes posteriormente no les pagó el contrato convenido y además, les retiró sus tiquetes para impedir cualquier posibilidad de regresar al país”.
Por todos estos hechos, Cepeda cuestionó la objetividad, eficiencia y moralidad administrativa de la Registraduría en la ejecución del patrimonio público. De acuerdo con el parlamentario, depuración y actualización del censo no pueden convertirse en otra fuente de detrimento: “No es cierto que el censo electoral se encuentre actualmente depurado, y que las inconsistencias ya fueron subsanadas”.
El congresista insistió en la adopción de medidas que aseguren la depuración efectiva del censo electoral, sumado a mecanismos de transparencia que permitan la veeduría ciudadana, y el control efectivo por parte de las instituciones competentes.