Del tema solo se habla en voz baja; sin embargo, en Twitter, el senador Iván Cepeda, del Polo, fue quien alertó sobre lo que estaría pasando: “Como dijo Germán Vargas Lleras: para los congresistas, el Gobierno tiene la zanahoria (mermelada) y la Fiscalía el garrote para evitar que se vote contra las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. Ya están promoviendo el ausentismo para que el lunes no haya quórum en la Cámara”.
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Los rumores están a la orden del día. John Jairo Cárdenas, representante a la Cámara de la U, contó que desde Gobierno están contactando a los congresistas de su colectividad para pedirles que no asistan a la sesión del lunes, para deshacer el quórum y afectar las mayorías que ya anunciaron su rechazo a las objeciones. “El doctor Jorge Mario Eastman está dedicado a llamar a los congresistas de la U; por ejemplo, a la doctora Mónica Valencia, a quien el consejero presidencial llamó y ella se comunicó con el secretario del partido, Álvaro Echeverry, para comunicarle lo que está ocurriendo. El mensaje es elemental y contundente: que no asistan el lunes. Ya podrá imaginarse que la sugerencia es que los van a recibir en Palacio, donde ofrecen, al menos, un buen tinto”, detalló.
El Espectador conoció los nombres de 11 representantes que, según fuentes dentro de la U, habrían sido buscados telefónicamente desde la Casa de Nariño. Sin embargo, ninguno de los mencionados admitió haber hablado con funcionarios de la Presidencia. En todos los casos reconocieron que habían escuchado del rumor. “Sí he oído que desde el viernes han estado llamando, pero a mí, en lo personal no me consta”, señaló un parlamentario. “A mi directamente no me han llamado, sé que sí lo hicieron con un colega”, refirió otro, eso si, advirtiendo que no está dispuesto a dar nombres de los contactados. “La estrategia es clara: sabotear el quórum, ya que, de no poderse votar la ponencia mayoritaria, se daría por negada. El tiempo está jugando a favor del Gobierno”, recalcó otro legislador.
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Ante la acusación directa de Cárdenas, el propio Jorge Mario Eastman, secretario general de la Presidencia, salió a responder. “No es verdad, no tengo nada qué decir. Revisé con la gente de Presidencia y nadie desde Palacio ha realizado esas llamadas. No sé quién estará detrás ni cuál es la intención de regar estas versiones, pero lo que sí puedo decir es que nadie del Gobierno ha hecho llamadas para pedir que los congresistas no asistan. Al contrario, creemos que este es un tema que debe ser ampliamente debatido. Al único que llamé fue al presidente de la U, Aurelio Iragorri, para aclararle que no es cierta esa versión de que estoy llamando a congresistas. Es absolutamente falso: ni yo, ni nadie de este Gobierno está haciendo eso”, le dijo a este diario. Y ya el viernes pasado, en declaraciones para Caracol Radio, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, había asegurado que jamás se han comunicado con algún congresista para pedirle que salve las objeciones.
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Y para cerrar el “cerco” al que se han enfrentado los congresistas, es evidente la activa participación del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en todo el debate. Como dicen en los mentideros políticos: es el jefe de debate de las objeciones. Fue él quien acudió ante las bancadas de Cambio Radical y los partidos Liberal, Conservador y de la U; quien habló a los militares y quien defendió los reparos presidenciales en la audiencia pública que se realizó hace siete días en el Congreso. “Martínez lleva dos semanas metido día y noche en el Capitolio impulsando dos proyectos anticorrupción e intercediendo por el Gobierno. Su presencia es muy intimidante, pues en su iniciativa se eliminaría la casa por cárcel para funcionarios públicos”, relató un legislador.
Cuentan incluso que el fiscal ha tenido fuertes enfrentamientos con los más duros opositores del gobierno Duque en esta materia, como el senador Roy Barreras, con quien habría discutido en tono elevado en la reunión con la bancada de la U. De hecho, algunos comentan que Barreras pasa por días difíciles tras recibir la noticia de que Pedro Medellín, un acérrimo contradictor suyo, acaba de ser nombrado director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), entidad considerada fortín político del congresista vallecaucano; y para completar, dos días después de ese nombramiento, el CTI realizó un allanamiento a la sede de la entidad educativa. Algo similar le estaría ocurriendo a Luis Fernando Velasco, senador liberal al que asocian con las Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), cuya exdirectora, María Cristina Palau, fue capturada esta misma semana por presuntos hechos de corrupción. “Hay una presión muy fuerte con temas judiciales contra nosotros y nuestras familias si negamos las objeciones”, murmuró otro congresista con molestia.