Llama la atención que las diferencias más radicales se presentaron entre los representantes de las altas cortes, por lo que ya hay quienes dicen que el famoso ‘choque de trenes’ se desplazó al Legislativo.
¿La razón? Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, y del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, cuestionaron la propuesta de reforma presentada por el Consejo de Estado. Según Tarquino, no puede ser que se quiera imponer la acción de tutela contra sentencias judiciales: “Existe un proceso ordinario para que los colombianos difieran sus problemas judiciales y la acción de tutela debe ser un mecanismo excepcional. La tutela es un baluarte, la respetamos y nos gusta. La Corte Suprema reconoce derechos fundamentales, pero no estamos de acuerdo en que se le dé viabilidad a la tutela contra sentencia judicial”, dijo.
Pero la mayor crítica provino del presidente de la Judicatura, Angelino Lizcano, quien rechazó que se le pretendiera bajar el estatus a este tribunal: “Hoy somos una alta corte y con ese proyecto nos quieren convertir en una oficina de control interno. Lo que pretende el Consejo de Estado es manejar la disciplina, la administración y el gobierno de la Rama Judicial”, afirmó.
En lo que sí cerraron filas las cortes fue en la necesidad de que el Gobierno apropie un presupuesto suficiente para su funcionamiento y así acabar con la congestión.
A su vez, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, destacó que en la iniciativa que él radicó se contempla una apropiación equivalente al 5% del Presupuesto General de la Nación. Propuesta rechazada por el mininterior, Germán Vargas Lleras, quien dijo que ella “eleva a $8,8 billones el incremento que habría que hacerle a la rama, y entre un año y otro implicaría un aumento de más del 500%”.
Así las cosas, el trámite de la reforma a la justicia no será nada fácil.