Aunque parezca difícil de creer, en Colombia no existen estadísticas sobre casos de tortura. Evidentemente no es porque no se presenten, lo que sucede es que o no se denuncian o simplemente no se identifican. Por eso, Naciones Unidas y varias oficinas del Gobierno iniciaron una serie de talleres con jueces, fiscales y funcionarios del Instituto Colombiano de Medina Legal, para comenzar a investigar y documentar estos eventos de acuerdo con las directrices internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul.
Así, mientras el embajador del Reino Unido, John Dew, uno de los asistentes al foro, se declaró sorprendido por la falta de datos en el país, el fiscal Mario Iguarán Arana pidió no entender el fenómeno sólo por los daños físicos, sino también los mentales a las personas, e incluir situaciones como el secuestro.
“Por decisión de esta administración, en la Fiscalía hemos considerado que cada vez que haya desaparición tenemos que imputar, acusar y pedir condenas como estamos haciendo en el caso del Palacio de Justicia, no sólo por desaparición, sino también por tortura… Esto nos permite, al menos en un ejercicio jurídico, predicar tortura cuando estamos frente a secuestro de grupo armado ilegal, banda emergente o delincuencia común. Se le puede aplicar tortura a quien abusa por meses o años de un menor de edad o en el caso de extorsión”, agregó Iguarán.
Para Jorge de la Peña, uno de los consultores de Naciones Unidas en la materia, la tortura en estos tiempos de modernidad se ha sofisticado y también han aumentado su incidencia y prevalencia. Las secuelas de estos casos no siempre quedan marcadas en la piel de la víctima como en tiempos antiguos. La razón es que los torturadores usan métodos como privación sensorial, tortura psicológica o prohibición de dormir, que no saltan a la vista.
En sitios como las cárceles, los orfanatos o los hospitales psiquiátricos se pueden presentar conductas torturantes y que la gente desconoce, según De la Peña: “Los mayores torturadores por lo general son las fuerzas del estado que tienen que ver con el orden, como el ejército y la policía. En México, en las quejas contra violaciones de derechos humanos el primer lugar se lo llevaron los policías federales”.
Para la consultora internacional María Clara Galvis, una de las maneras de prevenir esta conducta es conocer que está prohibida en el Derecho Internacional Humanitario y recientemente el comité contra la tortura ha dicho que ni en situaciones de guerra se justifica.