“Creemos que es del Congreso de donde tiene que salir esta propuesta”, dijo el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, aunque según conoció El Espectador, había otra razón de fondo para no meterse en dicho asunto: que el Ejecutivo no podía presentar una propuesta de eliminación o reforma a dicha Comisión, porque habría incurrido en conflicto de intereses, ya que esta corporación es la encargada de investigar al presidente de la República.
Pues bien, todo indica que los 17 integrantes de la Comisión de Acusación ya venían trabajando desde hace rato en un proyecto de reforma —que será radicado hoy ante la Secretaría del Senado—, el cual promete ardua polémica por los alcances y las facultades que pretende otorgarles, por ejemplo, tener funciones que les permita expedir medidas de aseguramiento y órdenes de captura cuando los aforados a los que les corresponde investigar sean sorprendidos en flagrancia. También pretende que a la Comisión se le amplíen sus funciones judiciales y el pleno de la corporación sea la primera instancia de los aforados. Hoy sólo investiga y acusa.
Por otra parte, la iniciativa pretende que el vicepresidente, el procurador general y el contralor sean investigados por el Congreso. Los parlamentarios proponen que los representantes investigadores que integren la Comisión de Acusación no sean investigados por los magistrados de la Corte Suprema, sino por una Sala Especial Judicial. Para el representante Héctor Vergara, quien presidió esta célula legislativa en la primera legislatura, la propuesta “busca lograr la independencia y autonomía de la administración de justicia, que por competencia constitucional tiene el Congreso”.
Pero las críticas no se han hecho esperar. Para el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, la idea de que la Comisión de Acusación emita órdenes de captura es de alta inconveniencia, al igual que la que busca que los representantes-investigadores sean cobijados por cierto tipo de inmunidad: “Esos temas están más relacionados con el derecho del siglo XIX. Las reformas al fuero son lo apropiado, porque de lo contrario puede confundirse con impunidad”, señaló Gaviria, quien tiene su propia contrapropuesta: “Eliminar la Comisión y reemplazarla con una de instrucción, cuya única función sea investigar y que haga una recomendación a la plenaria de la Cámara respecto de los procesos.
Por su parte, el representante Guillermo Rivera considera que si bien todo congresista está en su derecho de presentar proyectos, la realidad muestra que ha sido un fracaso que el Legislativo asuma funciones judiciales: “Creo que los parlamentarios deberían elegir un nuevo tribunal, cuyos integrantes cumplan con los mismos requisitos que hoy se exige para ser magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, quienes se encargarían de investigar penal y disciplinariamente a los servidores públicos que hoy son competencia investigativa de la Comisión de Acusación”.