Los líos de la educación superior en Colombia y la precaria vigilancia que existía para su operatividad ahora empezarán a ser parte del pasado.
El Senado y la Cámara de Representantes dieron vía libre a la ley encaminada a establecer una inspección y vigilancia a las universidades, iniciativa conocida ahora como la ‘ley San Martín’.
La ministra de Educación, Gina Parody, dijo que esta ley es un gran compromiso, no solo con los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, sino con todo lo que tiene que ver con la educación.
“Este es un paso adelante en la defensa y protección del derecho fundamental de acceso a la educación«, indicó.
La iniciativa contempla reales herramientas de Inspección y Vigilancia para que el ministerio pueda garantizar el derecho a la educación.
El proyecto establece medidas administrativas para la protección del servicio público de Educación Superior, Instrumentos de salvamento para la protección temporal de recursos y bienes, en el marco de la vigilancia especial; y sanciones administrativas.
Además, incluye disposiciones transitorias para beneficiar a los estudiantes inscritos en programas académicos sin Registro Calificado y la presentación al Congreso, por parte del Ministerio, del proyecto de creación de la Superintendencia de Educación.
El tatequieto a los ‘garajes’
Con los nuevos instrumentos que establece la ley, el Gobierno Nacional podrá intervenir preventivamente y en 5 causales concretas podrá ejercer vigilancia especial, retirar a los directivos por un año, constituir fiducias que aseguren la adecuada inversión de las matrículas y asegurar la continuidad del servicio de educación.
Frente a la creación de la Superintendencia de Educación, la senadora Claudia L´pez Hernández dijo que “esto es para poner en cintura a las universidades de garaje y a los estafadores de la educación”.
“Durante mucho tiempo faltaron herramientas y voluntad para poner en cintura a las universidades de garaje, pero ahora creo que hay las dos”, manifestó López.
Este proyecto ahora pasa a sanción presidencial para que entre en vigencia para el control de la educación superior.