La suspensión de la fumigación aérea con glifosato, los incentivos otorgados a los campesinos relacionados con cultivos ilícitos, el aumento del precio de la hoja de coca, la devaluación del peso e incluso el cambio climático. Son varias las posibles causas que, según el Gobierno, pudieron dar pie al fenómeno, pero la conclusión es la misma: el número de cultivos de coca en Colombia se ha incrementado de manera alarmante.
Y el panorama preocupa. De acuerdo con las cifras reveladas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el aumento fue de 39 %, al pasar de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015. Una cifra altísima que no se registraba en el país desde 2007 y que además plantea una cuestión particular: 2015 fue uno de los años con menor área de cultivos, es decir, aunque aumentaron las hectáreas, el problema está focalizado en determinadas zonas.
Según el documento, la presencia de menos territorio afectado, “coincidiendo con un incremento del área sembrada, es el resultado de una densificación del cultivo, que cada vez está más concentrado en territorios bien definidos”. Prueba de ello es que departamentos como Nariño, Putumayo y Norte de Santander concentran el 64 % de los cultivos detectados y el 48 % de la coca del país se encuentra en 10 municipios, siendo Tumaco (Nariño) el que mayor gravedad reviste.
De ahí que el Gobierno haya decidido priorizar la acción para atacar el fenómeno en cuatro zonas claves. “La estrategia que el Gobierno tiene planteada está basada en hacer una fuerte actividad en las cuatro áreas de mayor intensidad en cultivo de coca, empezando por Tumaco, que tiene el 17 % de la coca del país”, explicó el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, al revelar que también se adelantarán trabajos prioritarios en zonas de Caquetá, Putumayo y Cauca.
Los datos arrojados por el monitoreo de la ONU dejan ver que, más allá de la inminente firma del acuerdo que le pondrá fin al conflicto armado con las Farc, existe otra guerra más intensa contra un fenómeno subyacente, mucho más complejo y difícil de combatir, que se ha desarrollado a la par y que plantea importantes retos de cara al posconflicto: el narcotráfico.
“Seguimos teniendo territorios en los que la situación es más compleja debido a los cultivos ilícitos y su interacción con el narcotráfico, la restricción de los mercados, la falta de seguridad y una presencia institucional insuficiente”, explicó Bo Mathiasen, representante de Unodc en Colombia.
Para el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, más allá del fenómeno de confinamiento de cultivos, los datos revelados por el informe dan cuenta de la necesidad de mirar el problema desde otras perspectivas.
“Hay un aspecto que es determinante y es la importancia de dejar de mirar el tema como algo de mera erradicación de cultivos. Hay que ver cómo la economía cocalera afecta a una región entera, transportadores, tenderos, hoteleros, comerciantes. El fenómeno involucra una serie de actividades legales que rodean y se nutren de los recursos de la actividad ilícita”, señala Díaz, asegurando que en ese camino la lógica para el desarrollo territorial debe ser más integral.
Precisamente esa es la primera apuesta del Gobierno y el enfoque en el que comenzará a trabajarse a partir de este domingo en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Briceño (Antioquia), donde se desarrollará el plan piloto del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que acordaron el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba) y que plantea, entre otras, la puesta en marcha de proyectos productivos para facilitar el tránsito hacia economías legales de cultivadores de coca.
A eso se suman otras estrategias que el Gobierno ha ido implementando para contrarrestar el fenómeno y que tienen como punto fuerte la interdicción aérea y marítima, la fumigación manual con nuevos equipos y el control de la demanda.
Sin embargo, la preocupación persiste e incluso ya hay críticas de algunos sectores políticos a las estrategias gubernamentales. El presidente del Partido Conservador, David Barguil, anunció que, una vez se instale el Congreso el próximo 20 de julio, hará un debate de control político al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que explique las cifras. “Vamos a exigir explicaciones sobre el fracaso de la política para frenar el auge de los cultivos ilícitos. Los colombianos necesitamos saber las medidas de choque que se están implementando para contrarrestar este alarmante incremento que ha llegado a niveles casi nunca antes vistos en los últimos 15 años”, señaló.