Grandes temores se han generado frente al trámite y a los posibles beneficiados con el acto legislativo conocido como marco legal para la paz, que plantea hasta la cesación de los procesos penales para los miembros de grupos armados al margen de la ley y para los agentes del Estado. Los críticos de la iniciativa han manifestado su preocupación por la posibilidad de que con la norma se abra un boquete jurídico por medio del cual resulten beneficiados narcotraficantes, miembros de las bacrim, autores de falsos positivos, exfuncionarios del DAS y mandos medios de la guerrilla involucrados en delitos de lesa humanidad.
Aunque se han intentado varias fórmulas para hacer claridad y superar las críticas, la clave podría estar en una herramienta ya empleada en su momento para destrabar el trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: el planteamiento del “conflicto armado” en Colombia. Así lo reconoció el senador y coautor del marco legal para la paz, Roy Barreras, quien recordó que para definir el universo de personas que serían beneficiadas por la Ley de Víctimas fue necesario hacerlo en el marco del conflicto, para así evitar que los afectados por la delincuencia común reclamaran la reparación.
“Nos vamos a reunir con los ponentes del marco legal para la paz y miraremos qué modificaciones se podrían incluir para hacer claridad y evitar interpretaciones erradas como se ha venido haciendo. Yo creo que hacer la referencia permanente al conflicto armado interno en el preámbulo y el articulado del acto legislativo es una alternativa que dejaría claro quiénes tendrán beneficios jurídicos”, explicó Barreras, y agregó que “no pueden decir que los falsos positivos, el narcotráfico o los delitos de las bacrim son actos dentro del conflicto, en primer lugar porque los delincuentes comunes no son actores y esos delitos no tienen ninguna conexidad con los políticos”.
Sin embargo, ante la preocupación del director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, por la posibilidad de que se deje de lado la obligación de impartir justicia, el senador liberal Luis Fernando Velasco advirtió que “en ese sentido hay que ser muy claros. Al país y al mundo se les debe decir la verdad: con el marco legal para la paz va a haber menos justicia, que puede ser el costo de la paz, de la reparación, de la verdad y de las garantías de no repetición”.
El senador liberal manifestó que la justicia transicional es precisamente para lograr la verdad y la reparación de las víctimas, y no se puede pretender hacer una negociación de paz sin darles beneficios a quienes deciden dejar las armas. “Lo que sí es claro es que estamos tramitando una herramienta para que cuando las condiciones estén dadas para iniciar una solución negociada, el Gobierno tenga cómo hacerlo. No podemos repetir la historia de la desmovilización de los paramilitares, donde no se le cumplió a nadie”, afirmó Velasco.
Este lunes, en el encuentro de ponentes, serán planteadas algunas modificaciones con las que los senadores pretenden superar las dudas de los dos principales contradictores de la iniciativa: el presidente Álvaro Uribe y el director de Human Rights Watch para las américas, José Miguel Vivanco, quienes desde orillas opuestas han visto en el marco legal para la paz una posible fuente de impunidad.