Los representantes a la Cámara Carlos Ardila, Juanita Goebertus, John Jairo Hoyos, David Pulido, David Racero y Gabriel Santos estarán, este viernes, en el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP) discutiendo sobre las dificultades de la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Una discusión que se da en medio de un complejo clima en el país al respecto, por cuenta de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.
Aún con las objeciones en discusión en el Senado, por cuenta de las recusaciones que se presentaron en la plenaria este lunes, el próximo viernes, los cinco congresistas estarán en Estados Unidos hablando de distintos temas, como el asesinato de líderes sociales, la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros relacionados con la implementación.
Al respecto de este encuentro, el Instituto de Paz de Estados Unidos explicó: “El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas supo recientemente que la paz en Colombia está en una ‘coyuntura crítica’ (…) En la administración del presidente Iván Duque, Colombia ha progresado en la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. Sin embargo, persisten los desafíos, incluyendo el próximo cierre de los espacios de reintegración y los limitados avances en la sustitución de cultivos de coca y en la reforma rural”.
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Y añadió el instituto que “a pesar de que la JEP continúa investigando los secuestros de las Farc y las ejecuciones extrajudiciales, entre otras cosas, su neutralidad ha sido cuestionada y se adelantan debates sobre su marco legal. Mientras tanto, persisten el asesinato de líderes sociales, la crisis en Venezuela y la inminente decisión sobre la extradición del antiguo negociador de las Farc Jesús Santrich. Por otra parte, el Eln aún debe aceptar las concesiones unilaterales demandadas por el Gobierno”.
Uno de los puntos más críticos es, justamente, las objeciones presidenciales a la estatutaria de la JEP, que cursan en el Senado actualmente. El pasado viernes, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, envió una carta al presidente del Senado, Ernesto Macías, asegurando que era necesario que se aprobaran las objeciones, entre otras cosas, por la preocupación de que narcotraficantes se presenten como terceros al tribunal y, entonces, no puedan ser extraditados. En la Cámara de Representantes, sin embargo, el debate de las objeciones fue zanjado a principios de abril, cuando, con una votación de 110 contra 44, fueron rechazadas.
Juanita Goebertus, quien estará el próximo viernes en el USIP, afirmó, en entrevista con Semana, que las objeciones “atentan contra la separación de poderes. La Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre estos puntos y lo que está haciendo el presidente es desacatar esa sentencia. Hoy puede ser la JEP, pero si abrimos esta puerta el día de mañana el presidente podrá desacatar sentencias de la Corte Constitucional sobre cualquier otro tema y poner en grave riesgo el Estado Social de Derecho”.
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En ese contexto, además, el Instituto Kroc —encargado de analizar el avance de los acuerdos— señaló, a principios de abril en su tercer informe, que, a pesar de que casi el 70 % de los compromisos pactados está en marcha, el ritmo de la implementación ha disminuido en los últimos meses. La baja en el ritmo de implementación coincidió con la llegada de Duque a la presidencia. Mientras durante 2017 y el primer semestre de 2018 la puesta en marcha de los compromisos pactados avanzó continuamente, desde julio el ritmo se estabilizó y es poco lo que se avanza mes tras mes.
Pero, adicional a las dudas que hay en la implementación en el país, también están los cuestionamientos hechos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Colombia en materia de, entre otras, sustitución de cultivos ilícitos. Hace poco más de un mes, por ejemplo, Trump critico a Duque, al afirmar, durante una visita al lago Okeechobee (Florida), que “está entrando más droga desde Colombia” y que Duque “es realmente un buen tipo, pero no ha hecho nada por nosotros”.