La determinación del alto tribunal obliga al Estado a desarrollar y a revisar el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, el cual deberá adecuarse conforme a la jurisprudencia y la práctica internacional, orientada a una estrategia integral de protección satisfactoria de las víctimas y testigos.
La revisión de dicho Programa deberá efectuarse en un plazo máximo de seis meses. La decisión hace especial énfasis en la evaluación de riesgo y en la decisión de las medidas aplicables a las víctimas y en que se deberán tener en cuenta las obligaciones internacionales del Estado sobre la protección de la mujer contra todo tipo de violencia.