El proyecto de marco legal para la paz ha logrado lo impensable: poner de acuerdo al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch (HRW), quizás la organización más dura en sus críticas con el país en cuanto al manejo de los derechos humanos. Aprobada la iniciativa en su penúltimo debate, el lunes pasado, El Espectador dialogó con Vivanco para conocer su concepto sobre una norma que, según ha advertido, podría traer impunidad y pocas garantías de justicia para las víctimas.
¿Al fin cuáles fueron los puntos concretos sobre el marco legal para la paz que se discutieron en la reunión que sostuvo con el senador Roy Barreras, el pasado viernes?
Acordamos que sería todo privado, pero puedo decir que las observaciones que hemos hecho fueron discutidas una por una. El senador, en buena medida, coincide con la mayoría de nuestras preocupaciones, pero él considera que el texto del marco jurídico, como estaba hasta el viernes de la semana pasada, era lo suficientemente protector de los derechos de las víctimas. Y mi posición es que representaba retrocesos graves, en contradicción con las obligaciones jurídicas internacionales de Colombia y, en consecuencia, era necesario introducir algunos conceptos que pudieran eliminar posibilidades de impunidad. El texto ni implícita ni explícitamente garantizaba el ejercicio de derechos fundamentales de las víctimas.
Por lo aprobado, ¿se tuvieron en cuenta las recomendaciones de HRW?
Revisando el lenguaje de la versión final, aparentemente se ha registrado un progreso. Sin embargo, habría que revisarlo con mayor cuidado. Según la versión final, todos los casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad deberán ser investigados penalmente por la Fiscalía. No solo se tendrán en cuenta aquellos pequeños números de casos que estén vinculados a los máximos responsables. Esa fue una de las recomendaciones que le hicimos al senador Barreras y me parece que ha sido efectivamente incorporado en estos términos. Estamos ante un progreso si esto llega a ser efectivo. También veo otro aspecto y es que, según el texto, los beneficios se concederán para aquellos que hayan participado en el conflicto, con lo cual da la impresión de que se estaría excluyendo a las llamadas bacrim.
¿Se equivocó el ministro Juan Carlos Esguerra al querer cambiar la figura de ‘agentes del Estado’ por ‘funcionarios públicos’?
Vamos a tener que revisar esto con mucho cuidado. Creo que el concepto de funcionarios públicos expande aún más el alcance del marco y sus beneficios. Me alegro que no se haya definido así. Pero, incluso, el concepto de agentes del Estado hay que revisarlo con cuidado para que no vaya a representar beneficios para miembros del DAS. Y hay otra objeción de fondo: a nosotros nos parece que los miembros de las Fuerzas Militares no deben beneficiarse de este tipo de legislación especial, por cuanto siempre se ha dicho en Colombia que los militares son altamente profesionales y que cuando cometen violaciones a los derechos humanos, son cometidos a título personal, que esos casos de ninguna manera reflejan las prácticas de la institución y que sólo algunas ‘manzanas podridas’ se apartan de la doctrina.
Hay quienes dicen que el proyecto apunta a buscar la paz, cueste lo que cueste. ¿Lo ve como una ley para las víctimas o para los victimarios?
Lamentablemente en este proceso el hilo se corta en la parte más delgada, y la parte más delgada son las víctimas, los más vulnerables, los que no tienen capacidad de negociación. El establecimiento político decidió por ellas. Una de las fórmulas que subsiste en el proyecto, que es muy grave, es que los máximos responsables, es decir, los máximos líderes de las guerrillas, van a beneficiarse de la ley, así sean los responsables de los peores crímenes cometidos en Colombia. Cuentan con la posibilidad, gracias a esta enmienda constitucional, de no pasar un día en prisión, o sea, la suspensión total de la pena. Aquí lo que se está diciendo es que se les someterá a un juicio y que van a tener una subvención total y plena de la pena. Ese es un tema que no ha sido abordado de ninguna manera en la discusión.
Si bajo figura de máximos responsables, algunos actores del conflicto recibirán beneficios a cambio de la verdad, ¿qué cree que pasará con los mandos medios? ¿El proyecto le está dando lugar a la impunidad?
Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad que finalmente terminan sin pena de prisión, eso no constituye -de acuerdo con el derecho internacional- un proceso penal genuino, es decir, verdadero. Más bien es una parodia, una ficción donde se hace un teatro y se cumplen algunos roles. Es un verdadero teatro, con actores que pasan ciertas etapas y saben que al final no hay ninguna consecuencia penal.
Con la redacción actual del texto, ¿Colombia queda más vulnerable ante la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional no tiene alternativa: tendrá que reclamar jurisdicción ante situaciones de esa naturaleza.
¿Cree que usted que el marco legal es un proyecto o será una ley destinada al fracaso como ha ocurrido en el caso con la Ley de Justicia y Paz?
No lo sé. Son cosas distintas. Todavía no sabemos cómo van a ser los términos finales. Tampoco sabemos que dirá la Corte Constitucional respecto de este marco y de la ley estatutaria para regular los beneficios. Me parece prematuro comparar a este marco con el fracaso de la Ley de Justicia y Paz. Lo que sí me parece absurdo es que algunas autoridades colombianas, en defensa del marco para la paz, lo contrasten con el fracaso de la Ley de Justicia y Paz, como si los colombianos solo tuvieran esas dos opciones. La Ley de Justicia y Paz tiene problemas especialmente de implementación y esa es una de las razones por las cuales ha logrado la condena de solo siete personas. La Ley no camina porque los fiscales se ven obligados a investigar cada una de las denuncias de los delitos por separado y no pueden acumular dichas denuncias. Los distintos fiscales tendrán que reinventar la rueda a sabiendas que, si pudiera agrupar esos casos y trabajarlos unos con otros en función de la materia, creo que la velocidad sería muy distinta. Aunque la Ley está vigente, es lamentable la falta de resultados. Pero es completamente absurdo justificar el marco jurídico para la paz en el fracaso de la Ley de Justicia y Paz. Pensar que la Ley no funcionó es ir directamente a la impunidad total. Es un error muy serio y no hay razón para que se promuevan esas políticas en perjuicio de cientos de víctimas que no van a tener un día la posibilidad para hacer valer sus derechos, con la esperanza de lograr justicia ante una corte imparcial que pueda procesar y castigar a los responsables de estos abusos.
La oposición de Vélez
Juan Carlos Vélez, senador de la U, fue el único voto en contra del marco legal para la paz en la Comisión Primera del Senado. “No estoy de acuerdo con que haya una suspensión de la acción penal para los que son máximos responsables, porque algunos de ellos pueden tener imputaciones de la comisión de delitos de lesa humanidad, explicó el congresista a El Espectador.
Vélez advirtió también que la ley no tiene en cuenta que los grupos al margen de la ley, guerrillas en particular, están vinculados al negocio del narcotráfico y son procesados por ello a nivel internacional. Y agregó que podría estarse dando una violación al bloque constitucional porque el Estatuto de Roma prohíbe la posibilidad de que le concedan suspensión de las condenas cuando debe haber algún pago dentro de un principio de reparación, justicia y verdad.
“Las recomendaciones de la comunidad internacional no se tendrán en cuenta porque esto es un tema político: hacer la paz. Pero uno no sabe si es una paz que se está negociando o si es que la van a negociar”, dijo Vélez. Y agregó: “Si la están negociando me parece que nosotros le vamos a dar un tratamiento a los grupos guerrilleros diferente al que se le ha dado a los paramilitares, siendo para mí la misma cosa. El proyecto va a pasar y esos boquetes que mencioné son muy difíciles de llenar. La ciudadanía o la sociedad colombiana no están de acuerdo con que haya perdón, ¿qué respuesta le vamos a dar a las víctimas? ¿Qué hagan un sacrificio por la paz mientras los victimarios estarán tranquilos caminando por las calles, visitando el Congreso, saliendo en los medios de comunicación, como si nada hubiera pasado? La gente ya se cansó de eso”, concluyó.