Este 7 de enero, Nicolás Petro Burgos, el primogénito del presidente, tiene programada su declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes como parte de la investigación sobre la posible financiación ilegal en la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Tan solo 24 horas antes de esta diligencia, Petro Burgos le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se abstuviera de utilizar el primer interrogatorio que rindió en la Fiscalía. A través de una carta de dos páginas, el hijo mayor del jefe de Estado admitió que presuntamente sí ingresaron fondos a la campaña que no fueron declarados, lo que llevó a la Fiscalía a remitir copias de la investigación al Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusación de la Cámara y la misma Corte Suprema de Justicia.
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La cita originalmente estaba programada para el pasado 29 de enero, sin embargo, fue aplazada por petición de la Comisión de Acusaciones, que tenían que organizar asuntos internos para llevarla a cabo, como la contratación de los abogados que escucharán a Petro Burgos.
Ahora, a pocas horas de esta declaración, todavía no era claro en dónde se realizaría la audiencia. Hasta se especuló sacar la diligencia del Congreso, por dificultades logísticas para realizarla en el recinto de la Comisión, en el edificio nuevo.
En ese contexto, aunque la audiencia se citó inicialmente de forma presencial, este martes la mesa directiva de la Comisión resolvió llevar a cabo el proceso de manera virtual. Según lo conoció este diario, para preservar la seguridad del hijo del presidente, así como para mantener la reserva del caso.
Así las cosas, la diligencia quedó formalmente agendada para mañana, 7 de febrero a las 9:30 am. Además, la decisión de realizarla virtual también se fundamenta en lo siguiente: luego de que Nicolás Petro se acogiese a colaborar con la Fiscalía, quedó en libertad con restricciones y con una prohibición explicita para salir de Barranquilla, ciudad en la que reside.
En la diligencia, Petro Burgos podrá reiterar lo que ya mencionó ante la Fiscalía o negarlo. El pasado 11 de enero de 2024, el ente investigador lo acusó formalmente por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, para luego llamarlo a juicio. Los delitos por los cuales es investigado habrían sido cometidos cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico y se desempeñaba como una de las fichas claves de la campaña de su padre en la Costa Atlántica.
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