Lo habían advertido los alcaldes y gobernadores del país. La reforma constitucional a las regalías era una iniciativa con la que el Gobierno pretendía centralizar los recursos de las regiones y que la inversión de estos dependa de lo que se decida en los escritorios de los funcionarios del Ejecutivo. Este debate también fue planteado por los congresistas de las regiones productoras, quienes se negaban a que se les quitaran estos recursos. No obstante, la maquinaria de la Unidad Nacional aprobó la propuesta y como se había manifestado, la inversión ahora depende del beneplácito del Gobierno.
La inconformidad ante esta situación generó que el senador Juan Lozano demandara ante la Corte Constitucional el artículo 31 del Presupuesto del Sistema General de Regalías, al considerar violados los artículos 1, 4, 287, 298 y 311 de la Constitución Política de Colombia. Y advirtió que “aunque el ministro Juan Carlos Echeverry había escrito en una piedra que no centralizaría los recursos de las regalías, ahora decidieron que sin el voto favorable del Ministro de Hacienda no se puede desarrollar ningún proyecto de los Fondos de Regalías”.
El congresista, quien en reiteradas ocasiones ha tenido diferencias con el exministro de Hacienda, criticó que “arbitrariamente cambiaron la obligación de llegar a acuerdos con las regiones para ejecutar las regalías, por un voto imperial del Ministro de Hacienda que deja burladas a las regiones de Colombia. Los gobernadores y los alcaldes que representan a sus regiones quedaron arrodillados ante la arrogancia centralista”.
El artículo que demandó Lozano señala: “En desarrollo del mandato previsto en el inciso 8° del artículo 361 de la Constitución Política, los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento por los Fondos de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su aprobación y designación de la entidad pública ejecutora deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional. Así mismo y en desarrollo de lo previsto por el inciso 9° del artículo 361 de la Constitución Política, los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo al 60% del Fondo de Compensación Regional deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional”.
Lozano manifestó que “esto es un tarascazo a la descentralización, esto es quitarles una facultad que tienen los departamentos y los municipios de decidir sobre sus propios proyectos y sobre sus recursos de regalías construyendo acuerdos para lograrlo. Entonces ahora hay una cúpula de la tecnocracia del Ministerio de Hacienda que asume un voto preferente, un voto que es en la práctica un veto, ya que solo con su voto favorable se puede acceder a los recursos de regalías”.
Lozano aprovechó la oportunidad para criticar a los funcionarios del Gobierno de quienes afirmó “son unos funcionarios en el escritorio en Bogotá, que muchas veces ni siquiera conocen las regiones, la potestad de decidir con voto preferente cuáles proyectos se ejecutan con los recursos de las regalías de Colombia”.