Ya son 503.716 las personas que cuentan con su indemnización y con otras medidas como la rehabilitación física y emocional, la restitución de bienes o el retorno a sus tierras.
Una reciente encuesta de la Universidad de Harvard a víctimas reparadas nos mostraba los resultados sobre qué sentían al recibir esa indemnización. La gran mayoría se debatía entre la alegría y la tristeza, el bienestar y la rabia, el alivio y la esperanza. En la Unidad para las Víctimas, compartimos con ellas cierta dualidad entre el dolor de trabajar con el drama humano que ha vivido Colombia y la satisfacción de aportar diariamente a la sanación de cada una de las víctimas.
El Presidente lo ha dicho repetidamente: la reparación solo puede ser simbólica, porque la pérdida de un hijo, la desaparición de una esposa son irreparables. Así sentimos que es el trabajo en la Unidad, cada vez que añadimos una víctima al contador del registro, que ya supera los siete millones de personas.
Por primera vez el Estado ha reconocido y puesto a las víctimas en el centro de sus acciones, asumiéndolas como agentes de cambio y ciudadanas de pleno derecho. El programa de reparaciones colombiano es el más ambicioso y exitoso del mundo, como nos lo ha recordado en varias ocasiones la Universidad de Harvard. Incluye más hechos victimizantes que ninguno y abarca el 11% de la población del país, cuando otros lugares no llegan al 1% de sus habitantes.
No podemos dejar de reconocer que los avances son muy significativos: hemos hecho la tarea con responsabilidad, con pasión y con la claridad de la inmensidad del reto. Sabemos que las afectaciones van más allá de lo tangible. Los daños a la democracia, a la confianza de los ciudadanos y a la legitimidad del Estado tal vez han sido los más difíciles de subsanar, pero también trabajamos en ellos a través de la reparación colectiva a periodistas, sindicalistas, comunidades campesinas y hasta 303 grupos y comunidades vitales para la democracia.
Ahora bien, ser los líderes en reparación a víctimas nos pone un reto de inmensa responsabilidad frente a la humanidad, que ahora tiene sus ojos puestos en nosotros. Ojalá esa atención mundial nos diera impulso para mirar a los ojos de las víctimas, afrontar internamente los perjuicios que nos hemos causado y reconocer que la violencia que nos ha rodeado nunca debió ocurrir y que no puede volver a repetirse. Es el primer paso para revertir la falta de solidaridad y contagiar la esperanza en una Colombia más justa hacia sus víctimas.
El gobierno tomó la decisión política de reparar a los afectados por décadas de conflicto armado y nos comendó la inmensa tarea de llevar a buen puerto su apuesta. Hoy podemos decir que estamos transformando vidas: así lo creen las propias víctimas y la sociedad en general, según esta encuesta. Cuando se aprobó la Ley 1448 de 2011, ignorábamos que al año siguiente comenzarían las conversaciones para terminar el enfrentamiento con la guerrilla de las FARC-EP, pero intuíamos que la atención, asistencia y reparación a las víctimas sería uno de los pilares fundamentales en el camino a la reconciliación. Mi experiencia como directora de la Unidad para las Víctimas así me lo ha confirmado a lo largo y ancho del país.
Al principio de este trabajo, uno de los mayores desafíos que encontré fue la desconfianza de las víctimas en el Estado. En este tiempo, recibimos alrededor de 30.000 solicitudes mensuales de inclusión en el registro. Son personas que han recuperado la confianza en el Estado, que ahora las escucha y tiene una respuesta para ellas. En el exterior, donde comenzamos después, se han registrado más de 4.000 víctimas y se han recibido solicitudes desde los consulados colombianos en 36 países.
En este contexto, reparar a las víctimas es una forma de generar un ambiente de justicia, quizá no penal, pero sí moral, simbólica, en tanto se reconoce el daño y se busca el modo de aliviarlo siempre que sea posible. Por eso, es tan importante el apoyo psicosocial que han recibido más de 107.000 víctimas a través de programas de rehabilitación comunitaria o bien mediante el programa individual, conocido como PAPSIVI.
Las víctimas, al igual que el resto de la sociedad que no ha sido golpeada directamente por el conflicto, se esfuerzan por tener un futuro y darle lo mejor a sus hijos. En ese entendido, ya son más de 3.000 jóvenes los que han accedido a la universidad, gracias a las becas del Fondo de Educación Superior dirigidas a víctimas del conflicto; más de 1.200 ‘tejedores’ y ‘tejedoras’, como llamamos a los participantes de la estrategia de rehabilitación comunitaria ‘Entrelazando’ han apoyado los procesos de reparación colectiva de comunidades campesinas, de mujeres, de defensores de derechos humanos. Estoy convencida de que cuanto más conozcamos las atrocidades a las que han sobrevivido, menos dispuestos estaremos a que se repitan y más solidarios y responsables seremos con las obligaciones que hemos adquirido como país.
Imagínense lo que podríamos lograr si parásemos la confrontación armada; si solo tuviéramos que ocuparnos de las víctimas (ya inevitables) del ayer y se impidiera que nos sigamos causando los daños que de manera juiciosa se han documentado. La decisión de reparar en medio del conflicto nos exige continuar en la tarea de mitigar los impactos de los hechos de violencia que aún persisten y, por ello, desde el inicio de la ley hemos atendido el 100% de las emergencias humanitarias y ha dado respuesta a más de tres millones de solicitudes de atención humanitaria, por un valor de 2,6 billones de pesos. Sabemos que la apuesta va más allá: contribuimos a la inclusión social por vías de la reparación.
Creo firmemente que la Ley de Víctimas es el camino a una democracia más fuerte e incluyente. Hoy se ha consolidado toda una política pública cuyos destinatarios inciden directamente en la elaboración, la implementación y el seguimiento. El próximo miércoles 10 de junio, fecha del aniversario de la ley, estaremos en Paipa (Boyacá) con más de 300 líderes de víctimas, eligiendo a quienes serán sus representantes en la Mesa Nacional de Participación Efectiva, única instancia del país que cuenta con paridad de género en su conformación. Se trata de una elección paso a paso: en primer lugar, a partir de los liderazgos locales, donde se escogen los representantes de la mesa municipal; de ese grupo, se escogen los delegados departamentales y serán los seleccionados en estos espacios quienes se postulen para esta Mesa Nacional de Participación. Es un claro ejercicio de su ciudadanía.
La participación de las víctimas en sus propios procesos de reparación es fortalecer el Estado de Derecho. Reparar a las víctimas del conflicto armado es acercar el país a la senda de la paz. A menudo insistimos que esto no significa que los conflictos cesen, sino que dejaremos de resolverlos de manera violenta, que conversaremos y resolveremos nuestras diferencias por la vía del diálogo. Que no habrá una sola víctima más de este conflicto armado que tanto dolor ha causado. Reparando a las víctimas y con una sociedad unida caminamos hacia una Colombia mejor.
*Directora de la Unidad para la Reparación y Atención Integral de las Víctimas.