La presunta financiación de un acto privado, denominado Primer Encuentro de Víctimas del Conflicto Armado con el ELN, en el que participaron víctimas del ELN en Itsmina (Chocó), por parte de entidades del Estado fue cuestionada por la Red de Veeduría Ciudadana General de la Nación.
En una comunicación enviada a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y los medios de comunicación, Higinio Mosquera, director de la organización civil, pidió a las entidades de control que se abriera una investigación que “permita conocer la legalidad del aporte con los cuales se patrocinó este evento de carácter privado con recursos públicos”.
Mosquera señala en la misiva que, “a todas luces, es claro que se trata de un evento político”, debido a que la organizadora de dicho encuentro, como aparece en el boletín de prensa en el que se invita a este, es Astrid Sánchez Montes de Oca, hermana del exsecuestrado Odín Sánchez. Ambos, parte de una familia cuestionada por el manejo de los recursos económicos del departamento desde los cargos públicos en lo que se han desempeñado varios de sus miembros. (Lea: Testigo aseguró que secuestrado Torres Prestan habría sido asesinado por las Farc)
Tanto Astrid como Patrocinio tendrían intenciones de regresar a la política, una opción que no se descarta luego de que, como reseñó La Silla Pacífico, se diera la renuncia de Siris Sánchez Montes de Oca a la Secretaría de Salud del Chocó, que, aunque fue sustentada como una decisión por motivos familiares, “todo parece indicar que es una movida para abrirle el camino hacia el Congreso a sus hermanos”.
“El acto como tal no lo vemos como malo. Lo que vemos con irregularidad es que los alcaldes del Chocó ayuden a financiarlo porque es privado. Nos parece más irregular que una familia cuestionada, cuyos miembros han manifestado aspiraciones al Congreso como Astrid Sánchez y Patrocinio, sea la organizadora”, señaló Mosquera.
En ese sentido, la petición puntual del director de esa red de veedurías es que las autoridades den claridad sobre si los presuntos financiadores, como alcaldías, podían destinar recursos públicos para el evento liderado por los Sánchez Montes de Oca.
Mosquera también advierte su preocupación por la participación de víctimas del ELN cuando la guerrilla apenas está en el proceso inicial de un diálogo para definir cuáles son las víctimas. El trasfondo de la denuncia también va enfocado en que el evento no tuvo una logística mayor, como se puede apreciar en las imágenes, y que se realizó en el Centro Recreacional La Meca, cuyo propietario es cercano a la familia Montes de Oca, en especial a Astrid Sánchez Montes de Oca.
Según el comunicado de prensa del evento, realizado el 20 y 21 de abril, fueron invitados algunos personajes notables como Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas; Frank Pearl, exconsejero presidencial; Clara Rojas, representante a la Cámara; Roy Barreras, senador; Luis Guillermo Murillo, ministro de Medio Ambiente; los periodistas Salud Hernández y Herbin Hoyos; y la diputada costarricense Maureen Cecilia Cracker.
Sobre la denuncia, Astrid Montes de Oca, en diálogo con El Espectador, señaló que el denunciante es un “enemigo personal y político de la familia”. “Siempre ha tenido dificultades con nosotros, fue quien hizo una declaración en contra de Odín en el caso de la parapolítica. A él le hice la invitación al evento porque es una de las víctimas, pero en vez de sumarse y apoyar la causa, lo que hace es denunciar”, dijo Montes de Oca.
Para Montes de Oca, en la realización del evento no hay ningún hecho de corrupción. “No entiendo la denuncia. Casualmente también asistió la Fiscalía a tomar denuncias que no se habían hecho, también estuvieron otras instituciones, no veo la irregularidad del evento”, dijo.
También se refirió a la declaración de Mosquera al señalar que era un acto político: “no es un hecho político. Son gestos políticos y yo fui la coordinadora por las fundaciones Furevir y Trazopaz que decidieron que nosotros estuviésemos al frente porque somos víctimas y actores directos”. Montes de Oca agregó: “¿Tú crees que una diputada de Costa Rica al Chocó se va a prestar a venir hasta el Chocó para un acto personal o particular si no hay un tema humanitario? ¿O que Clara Rojas se va a prestar para hacernos el juego?”.
Por su parte, Odín Sánchez Montes de Oca, exsecuestrado del ELN y una de las víctimas que asistió al evento, señaló lo más importante, más allá de la financiación, era el evento “al que fueron más de 120 víctimas directas entre mutilados y secuestrados”. Para Sánchez, de la financiación “se deben encargar los organismos de control y no una red de veedurías impostora”.
Al respecto, Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional, señaló que la invitación al evento le llegó por medio del periodista Herbin Hoyos y aseguró que por parte de la entidad que dirige no hubo aportes económicos.
Asimismo, el alcalde del Medio Baudó, Gílder Palacio, también negó que hubiesen entregado dineros del municipio para dicho evento. “Sí nos llegó la invitación, pero sólo enviamos a un representante de la Alcaldía, no dimos recursos”, señaló.
Sin embargo, León Fabio Muñoz, alcalde de San José del Palmar, expresó que sí llegó una invitación al evento y una solicitud de apoyo económico por parte de fundaciones, entre ellas Furevir, Trazopaz y Chocó Vive con Amor, que figuran como organizadoras del en los folletos. De acuerdo con Muñoz, el aporte de la Alcaldía de San José del Palmar fue de dos millones de pesos que serían utilizados en la logística del evento.
“No lo veo como un evento político porque fue un espacio donde se pudieron esclarecer muchas situaciones, según me comentó el representante de la alcaldía que asistió. Incluso, se pudo conocer sobre la situación del médico Prestán”, dijo Muñoz.
La percepción, en general, por parte de quienes fueron consultados es que el evento fue fructífero para la recepción de denuncias y el conocimiento de información sobre varios de los casos de víctimas, sin embargo, queda a cargo de las autoridades determinar la legitimidad de los recursos que fueron utilizados para la organización.