Si se piensa que la implementación del acuerdo estará lista pronto, al menos antes de que termine el gobierno de Juan Manuel Santos, se puede estar muy equivocado. Además de las demoras logísticas, que ya son evidentes en la generación de las condiciones en las zonas veredales transitorias de normalización, también será necesario un proceso largo de reconciliación y de respeto del que se podrían tener resultados palpables en décadas.
Frank Pearl, quien fue miembros del equipo negociador del gobierno durante el proceso de paz con las Farc, advirtió en un debate organizado por El Espectador, la Universidad Javeriana y la fundación Paz y Reconciliación, sobre estos tiempos estimados, pero a la vez resaltó que hoy se puede celebrar el haber llegado a este punto luego de cincuenta años de conflicto armado interno con las Farc.
“El reto de la implementación es llevar al Estado a las zonas más apartadas y crear las condiciones de mercado para que haya equidad, que no significa que todos tengamos lo mismo, sino que todos partamos de una base parecida y que, únicamente, con nuestro esfuerzos y méritos podamos progresar”, dijo Pearl, una situación que, señala, no sucede en todas las regiones del país.
Aclaró que el hecho de que ya existiera un acuerdo de paz firmado con las Farc no significa que se van a acabar otras corrientes criminales, pero que permite tener claras las reglas para la tenencia de la tierra y mejorar las condiciones para que los colombianos que quieren trabajar en las zonas rurales tengan el acceso y las herramientas para volverla productiva.
En ese mismo sentido, Joshua Mitrotti, director de la Agencia Nacional para la Reintegración, señaló que desde la institucionalidad se debe hacer un esfuerzo mayor para poner en marcha lo que significa la implementación y advirtió el riesgo que representa el año electoral que se avecina.
“Es un proceso electoral que se va a llevar por delante la visión de largo plazo. La política está pensando en cuatro años y acá tenemos que pensar mínimo en 20 o 30 años. Es el primer desafío que tenemos”, expresó.
Para Mitrotti, es importante que la campaña presidencial y de Congreso se ponga a tono con los acuerdos para minimizar el riesgo de que un próximo presidente desajuste lo que hasta el momento se ha logrado.
A su turno, Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, criticó lo que está sucediendo en el Congreso con respeto a los proyectos presentados por el gobierno para que sean aprobados y que son necesarios para la implementación del acuerdo de paz.
“Están modificante terriblemente los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz, que sí va a traer justicia”, haciendo referencia al debate que cursa actualmente en el Congreso de la República.
Uno de los apuntes más importantes fue que la implementación del acuerdo contempla varios niveles y activa más de 140 planes y proyectos que terminan por beneficiar a la población campesina que ha vivido de cerca en conflicto, como la construcción de vías terciarias. De acuerdo con Ávila, sólo el 10 % de estos proyectos hace parte de la agenda de la desmovilización; el porcentaje restante será para mejorar las condiciones de vida del campesinado.
Finalmente, la excongresista Piedad Córdoba sentó su desacuerdo con el optimismo mostrado por Mitrotti y Pearl. “La construcción de confianza ha volado en mil pedazos. Es lo que más prolífera hoy”, indicó la exsenadora.
Córdoba criticó con insistencia las demoras en la construcción de los campamentos en las zonas veredales y que el gobierno hiciera contratos con empresas sin experiencia ni el músculo financiero para realizar este trabajo que era el primer paso para la implementación.
La sugerencia de Córdoba en este tema era darle los recursos al batallón de ingeniería del Ejército Nacional, pues, considera que tiene la capacidad técnica para concretar las condiciones necesarias para que los miembros de las Farc, hoy en proceso de dejación de armas, puedan habitar estas zonas.
“No hay sido por falta de voluntad de las Farc, si no del alto nivel de improvisación. Tenemos un con la capacidad de hacer todo lo que se necesita”, dijo Córdoba y, a tono con Ávila, criticó la lentitud del Congreso para aprobar los proyectos necesarios para la implementación.
“Debemos empujar desde la sociedad, las organizaciones y los movimientos sociales para que se cumplan los acuerdos”, dijo Córdoba, y acusó a los parlamentarios de no tener voluntad política para agilizar la implementación. “Ahí lo que queda claro es que el ‘fast track’ es al revés, no hay rapidez”, concluyó.
Los retos de cara a la implementación del acuerdo de paz empiezan a surgir a mitad de camino y auguran tiempos más largos que los previstos para que entre en marcha la totalidad del acuerdo. Lo claro es que la reconciliación será un proceso de décadas en el que será necesario poder resolver diferencias a través de las vías pacíficas de negociación y descartando la violencia.