El Gobierno Nacional, en cabeza de Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, reaccionó este viernes a la denuncia interpuesta por el senador Iván Cepeda y otras ONG, como Temblores, ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados, al parecer, por miembros de la Fuerza Pública durante las manifestaciones que suman dos semanas en Colombia.
En la denuncia, en la que se alega que el Estado colombiano “no tiene voluntad de adelantar las investigaciones”, se señala al presidente Iván Duque; al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro y al director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, como máximos responsables de delitos de lesa humanidad, presuntamente cometidos por unidades policiales y militares durante las manifestaciones que se han mantenido desde el 28 de abril.
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Ante ello, Guarín reclamó que denunciar al presidente Duque ante la CPI “es parte de la estrategia” para deslegitimar el Estado y el régimen democrático. “Las órdenes reiteradas del presidente han sido claras y precisas a la Fuerza Pública: cumplir su misión con respeto absoluto por los derechos humanos”, explicó.
El funcionario, quien calificó la denuncia como un libelo (escrito en que se calumnia o denigra), manifestó que el texto es “pura propaganda” y hace parte de la campaña de “noticias falsas”. “Cualquier violación a derechos humanos, en el marco de la violencia a gran escala y el vandalismo de las últimas semanas, será investigada y sancionada severamente por la justicia ordinaria”, agregó.
Adicionalmente, sin hacer mención al senador Cepeda o a las otras organizaciones que promueven la denuncia, el consejero de Seguridad sostuvo que detrás del texto están “los mismos defensores de la impunidad para confesos criminales de lesa humanidad de las Farc; los mismos que se esmeran por blindar a esos criminales ante la justicia penal internacional. Propagandistas y promotores de impunidad”.
Posteriormente, en un trino en el que sí citó a los senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda, el funcionario cuestionó la defensa al exnegociador de paz Jesús Santrich, hoy realzado en armas: “La Corte Suprema aprobó la extradición de su camarada y amigo”, declaró.
La denuncia presentada por Cepeda contiene evidencias de delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas. Da cuenta de al menos 1.595 hechos, ocurridos en varios departamentos del país, que demostrarían violaciones de derechos humanos. Se documentan además 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular.
“La comunicación indica con especial preocupación que la ciudad de Cali ha sido escenario de los más graves hechos. De igual forma señala que las principales autoridades de gobierno y Estado no han condenado en forma enfática los crímenes y las graves violaciones de derechos humanos que presumiblemente implican a miembros de la Fuerza Pública”, explicó Cepeda.