“Se han presentado casos en que Acción Social niega las solicitudes porque, según ellos, ya no hay ‘paras’ sino delincuencia común”, dice Jorge Ceballos, personero de Derechos Humanos de Medellín. Ismael Maestre, secretario técnico de la Mesa Nacional de Organizaciones de Población Desplazada, asegura que el asunto no es nuevo, e incluso, que los desplazados por ‘paras’ siempre tuvieron más problemas para registrarse que los de la guerrilla.
“Hemos insistido en el tema del registro con Acción Social. Ellos dicen que hay cerca de 2’400.000 desplazados, pero nosotros creemos que somos más de cuatro millones”, expresa Maestre. Sin embargo, Acción Social, la única agencia estatal que puede reconocer a una persona como desplazada, está en desacuerdo con estas afirmaciones. Armando Escobar, asesor de la oficina de Direccionamiento Estratégico y de Desplazados de la entidad, le aseguró a El Espectador que la labor de este organismo es examinar las declaraciones para evitar los ‘colados’ en el sistema.
Escobar fue enfático en asegurar que Acción Social no rechaza a quienes resultan desplazados por bandas emergentes, todo lo contrario: “Nosotros creemos, con base en la Ley 387, que esas bandas caben en el panorama del conflicto colombiano”.