Finalmente el Senado de la República rechazó las objeciones que había planteado la Casa de Nariño a la ley aprobada –tan solo pendiente de sanción– que busca que a quien le roben su vehículo deje de pagar los impuestos de ese automóvil.
Aunque en la Presidencia consideraron “inconstitucional” la ley argumentando que “no se pueden conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales”, la plenaria del Senado rechazó dichas objeciones.
Por eso, ahora depende solo del presidente Juan Manuel Santos que sean exonerados del pago de impuestos los propietarios de los vehículos robados.
El ponente del proyecto, el senador Mauricio Lizcano Arango, dijo que “son infundadas las objeciones de tipo constitucional que hizo la Presidencia”.
“Creemos que a un ciudadano no lo pueden doblemente victimizar (…) es importante que a un ciudadano no le sigan cobrando impuestos e intereses sobre éstos”, señaló.
En caso de que el Jefe de Estado no sancione la ley será el presidente del Senado quien lo haga para que entre en vigencia.
De tal orden es el robo de carros en Colombia que la Policía Nacional en febrero de 2011, en un solo operativo, recuperó diez automotores avaluados en $940 millones.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró desmantelar una banda que mediante engaños a sus propietarios en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Meta y Cundinamarca, les robó los autos.
La modalidad empleada por los estafadores consistía en publicar ampliamente en los diarios de circulación nacional la demanda de vehículos de carga tipo camioneta 4×4 y camiones de gran capacidad, con el fin de prestar sus servicios en empresas del sector de los hidrocarburos, a través de un “contrato de arrendamiento”, con ganancias no inferiores a tres millones de pesos mensuales. Se conoce que solo en algunos casos la organización pagó el primer mes de arriendo, dice el informe de prensa de la policía.